Las empresas que impartieron cursos a CC OO en Extremadura declararon la mitad del dinero que se justificó

El escrito de acusación recoge dos cifras: por una parte, los 448.838 euros que justificó Comisiones Obreras en el apartado de «actividades de impartición» de cursos realizadas por empresas distintas a Forem, una entidad sin ánimo de lucro creada por CC OO que contaba en su órgano de mando con personas que también dirigían CC OO Extremadura; por otra, los 212.188,47 euros que realmente declararon esas empresas externas ante la Agencia Tributaria.

De la resta de esas dos cifras surge una «discrepancia» de 236.649 euros, una cantidad que según concluye la Fiscalía fue desviada por el sindicato a cubrir gastos generales que nada tenían que ver con la realización de los cursos de formación para los que había obtenido la subvención.

Esa partida es una de las que han sido puestas en duda por la Fiscalía Anticorrupción, pero no la única.

En la calificación de los hechos enviada al juzgado instructor se recoge otra en la que se habla de los gastos que conllevaron las tareas de «docencia-orientación» realizadas directamente por personal de Forem Extremadura. En este caso fueron detectados «costes por un precio superior al permitido».

La Fiscalía cree cuando se justificó el pago de esas horas de orientación laboral se utilizó el precio tipo de 50 euros por hora trabajada, por encima del coste real. Sostiene la Fiscalía que con este modus operandi Forem buscaba «sufragar una parte importante de los salarios» que abonaba a esos empleados por la realización de funciones que habitualmente consistían en labores administrativas que nada tenían que ver con la orientación de los trabajadores. «Esos pretendidos formadores-orientadores (realmente trabajadores de Forem-Extremadura) no figuran como docentes comunicados en la base de gestión de estas ayudas», añade el escrito de acusación.

En este epígrafe la Fiscalía entiende que el sobrecoste ascendió a 8.131 euros, casi la mitad de los 15.680 euros que fueron justificados por este concepto.

Mayor sería el sobrecoste en lo referido a los «gastos de docencia-impartición», referidos a la contratación de profesores externos a Forem-Extremadura. La desviación se cifra en 65.834 euros.

«Se pretenden justificar como costes 29.546 euros de contratos mercantiles realizados directamente a personal externo a Forem-Extremadura, no constando facturas pagadas ni documentos de valor probatorio», apunta el escrito de acusación al referirse a este concepto.

Finalmente, se habla de otra partida importante: la de gastos justificados como «costes asociados».

En este epígrafe que incluye el coste del personal de apoyo y los gastos financieros y de infraestructuras, Comisiones Obreras justificó un total de 327,715 euros. De esta cantidad, 248.296 se correspondían a costes asociados derivados del personal de Forem y los 79.419 restantes a costes asociados del personal de CC OO.

Sin embargo, la Fiscalía considera que esa suma no puede ser subvencionada en su totalidad porque en el decreto de subvenciones se indica que los «costes asociados» sólo pueden suponer el 20% de los costes directos. «Teniendo en cuenta que los costes directos ascienden a 1.008.564 euros –según recoge la justificación aportada por el sindicato beneficiario–, el límite máximo por este concepto se sobrepasa en 126.002 euros que no debieron invocarse al no ser elegibles ni subvencionables».

Una vez planteadas las partidas que en opinión de la Fiscalía fueron presentadas por el sindicato de forma indebida, el Ministerio Público cifra en 489.309 euros la cantidad que el sindicato solicitó de forma fraudulenta.

«De lo expuesto se deduce que el gasto no subvencionable global, mendazmente justificado, asciende a 489.309 euros, que fueron ilícitamente asumidos por el sindicato beneficiario y la entidad colaboradora (fundación vinculada) para llevar a cabo –en una situación de escasez de recursos que cuestionaba la continuidad económica de CC OO y Forem)– la cobertura de sus gastos propios de naturaleza general, ajenos a los específicos fines subvencionados de las actividades formativas».

Esos cerca de 500.000 euros suponen el 27% del dinero que solicitó el sindicato al Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe) de la Junta de Extremadura, una cantidad que no fue pagada en su totalidad porque la entidad contratada por la administración regional para supervisar las facturas detectó errores en la justificación presentada por CC OO.

La cantidad que no fue entregada al sindicato se cifra en 457.558 euros y se corresponde con el 25% de la subvención global, que quedó pendiente de pago tras un abono inicial del 50% y una segunda entrega del 25%.

Esa circunstancia ha resultado clave ahora que la Fiscalía presenta acusación. De hecho, el Ministerio Público no solicita que el sindicato y su fundación devuelvan los 489.309 euros que, según presume el Ministerio Público, se destinaron a fines distintos a los cursos de formación.

La razón está en que esa cantidad se corresponde casi milimétricamente con el dinero que bloqueó la Junta de Extremadura en 2013 cuando la Dirección General de Empleo denunció el supuesto fraude.

En la calificación del Ministerio Fiscal se refiere de forma expresa que la Junta de Extremadura ha renunciado –como perjudicada– al ejercicio de acciones civiles en este procedimiento. Eso significa que no reclama al sindicato ni a Forem cantidad económica alguna derivada de este proceso.

Con estos elementos, la Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos constituyen un delito de fraude de subvenciones por el que propone que cada uno de los seis procesados sea condenado a 2 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 500.000 euros por parte de cada uno de ellos.

El escrito solicita también que a CC OO Extremadura y Forem Extremadura les sean impuestas sendas multas de 700.000 euros y se les imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

Estas penas se justificarían por el incorrecto uso de casi 500.000 euros entregados a CC OO y a Forem para la realización de cursos formativos para empleados, unos fondos que habrían sido utilizados para cubrir gastos de personal que nada tenían que ver con esas acciones formativas.

La Fiscalía entiende que una parte sustancial de los fondos fue derivada «de forma deliberada, ilícita y concertada» a la cobertura de gastos corrientes de las organizaciones sindicales investigadas, cuyos responsables justificaron «gastos superiores a los efectivamente realizados con fines formativos».

De esos hechos se acusa a Miguel Coque Durán en su calidad de secretario de Formación y Empleo de CC OO Extremadura en el período investigado, además de presidente del patronato de Forem. Aparece también como acusada Encarna Chacón Belmonte, que entonces era secretaria de Organización y Finanzas de CC OO en Extremadura y tesorera de Forem, razón por la que intervenía en el control de los contratos que les transmitía Forem. Chacón es además la actual secretaria general del sindicato en la región.

El tercer procesado es Jaime Javier Fenollera de Miera, director ejecutivo de Forem Extremadura hasta febrero de 2013 y máximo responsable de esa Fundación, razón por la que intervino en la justificación de los cursos.

La cuarta acusada es María del Carmen Muelas Peña, economista y coordinadora del área de administración y gestión económica de Forem Extremadura. Ella se encargaba de la contabilidad, nóminas, facturación y control de la documentación justificativa.

Completan la lista Rocío Ballester Morales, responsable de recursos humanos y financieros de CC OO Extremadura, quien se encargó de examinar la documentación, y Julián Carretero Castro, que era secretario general de CC OO Extremadura y representante legal del sindicato.

La Fiscalía los acusa de fraude en subvenciones, pero descarta que se apropiasen de dinero o lo utilizasen en beneficio propio.