Educación revisa al alza 35 contratos de obras para evitar su paralización

La Ley autonómica de Presupuestos de 2022 incluyó en su última fase de tramitación una disposición adicional que permite compensar a las empresas contratistas de obras por el aumento de los costes de los materiales. Esta norma, sin embargo, será modificada tras un acuerdo entre la Junta y el Gobierno central, que considera que debe prevalecer la ley nacional de contratos y que también ha aprobado medidas propias para la revisión de precios. No obstante, la normativa regional se ha aplicado a lo largo de este año, lo que en la práctica ha permitido salvar decenas de obras en marcha en la comunidad.

Una de las consejerías que más ha recurrido a esta posibilidad es la de Educación y Empleo, que avanza en el desarrollo del Plan de Infraestructuras y Equipamientos Educativos 2016-2020, financiado con fondos europeos. Según los últimos datos del Gobierno regional, ya se han ejecutado un total de 1.130 actuaciones con una inversión global de 94 millones de euros.

Actualmente, además, están en marcha otras 155 con un coste estimado de 63 millones.

Buena parte de estos trabajos se mantiene gracias a la compensación creada por el Gobierno regional. Educación y Empleo señala que ya ha emitido informe técnico favorable de unos 35 expedientes de obras en marcha en centros educativos de la región con indemnizaciones que han supuesto una inversión adicional de 1,6 millones de euros.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el del nuevo colegio de Barbaño, recientemente finalizado y en uso desde que comenzó el curso.

Junto a esto, el personal técnico de la Consejería está tramitando otras 30 solicitudes más que, dependiendo de la fecha de presentación y de ejecución, se encuentran en distintas fases de tramitación. También están en distintas fases de desarrollo cuatro solicitudes acogidas a la medida excepcional aprobada por el Gobierno para la revisión de precios.

Desde la Consejería de Educación se indica que ha mantenido «infinidad de reuniones» con las empresas constructoras adjudicatarias de las obras en marcha en la red de centros educativos para explicar las novedades normativas a las que se podían acoger y para tratar de retomar la actividad en los trabajos paralizados.

Según destaca, Extremadura ha sido pionera con Galicia en introducir una indemnización para estos casos así como una en dictar una instrucción de interpretación. Además, recalca que también se han promovido otras medidas, como la exención de la tasa de certificación que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Aunque recalca que en numerosos casos estas medidas han resultado adecuadas y suficientes, la Consejería reconoce que en otros han sido infructuosas «porque a las empresas adjudicatarias no les salían las cuentas», y las obras no han seguido adelante.

Ahí se incluyen cuatro grandes obras de mejora que se han frenado. Se trata del nuevo centro educativo de Perales del Puerto (adjudicado por 1,2 millones de euros), el nuevo instituto de Villafranca de los Barros (5,9 millones), el cambio de las cubiertas en el instituto Universidad Laboral de Cáceres (1,6 millones) y el nuevo centro de educación especial PROA, también de la capital cacereña (6 millones). En este último caso, aunque la empresa adjudicataria reinició los trabajos finalmente ha manifestado que no puede continuar con la obra.

Educación y Empleo está trabajando en los trámites de resolución de contratos para volver a sacar a licitación lo antes posible estas actuaciones. Pero recalca que estos procesos son complejos y es necesario seguir lo que marca la normativa vigente.

La Junta sostiene que estudiará las causas que han llevado a esta situación y planteará una revisión de precios en los nuevos contratos para que se adapten a la realidad del mercado. «La Administración regional no va olvidar estas infraestructuras tan necesarias», asegura.

«Entendemos y lamentamos el malestar y el trastorno que esto supone para las comunidades educativas de estos centros y para las localidades afectadas», añade la administración educativa. Por ese motivo, se trabajará para que estas actuaciones «puedan retomarse lo antes posible pero, a la vez, pedimos comprensión a la ciudadanía, ya que todos los procesos se tienen que hacer cumpliendo la legalidad vigente».

Además de estos cuatro contratos que ya se han resuelto, Educación apunta que hay dos obras más que probablemente habrá que sacar de nuevo a licitación. Se trata de los nuevos centros educativos de Quintana de la Serena y de Navalvillar de Pela.