Los ecologistas recurren la resolución de la Junta que permite cazar en Monfragüe

Un programa que supondrá el regreso de la caza al Parque Nacional, actividad, y que a juicio de estas organizaciones «resulta absolutamente contraria a lo establecido en la Ley de Parques Nacionales», por lo que han presentado un recurso de reposición y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Según explican las ONGs en una nota de prensa conjunta que recoge E. P., ambos recursos «ante el incumplimiento de la normativa que supone el programa aprobado», como ante los «impactos negativos» que supone la caza en una parque nacional, van acompañados de una petición de medidas cautelares urgentes «que paralicen las batidas que se están practicando ya por cazadores deportivos en las fincas de titularidad de la Junta de Extremadura», señalan.

Explican que hay dos argumentos básicos en los recursos presentados, como es por un lado que «las batidas autorizadas consisten en una actividad cinegética» llevada a cabo, además, tal como establece el programa de control aprobado, con la colaboración de la Federación Extremeña de Caza y de las Sociedades Locales de Cazadores, lo cual supone un «flagrante incumplimiento» del artículo 6 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales que considera expresamente incompatibles «la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial».

Por otra parte, el recurso también se fundamenta en «los impactos negativos que las batidas pueden generar en las especies protegidas» de Parque Nacional, y que según señalan estas organizaciones, pueden modificar los patrones de movimiento de la fauna; cambios en la selección de hábitat y su comportamiento de alimentación, induciendo estrés fisiológico; afección directa a la reproducción de especies como el águila perdicera o la contaminación por plomo que supone el uso de munición con este metal pesado.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF consideran «especialmente grave y preocupante» que una administración pública «actúe sin tener en consideración la normativa de los parques nacionales», ya que en su opinión «no se puede poner por delante del interés general de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, los intereses políticos y sectoriales», concluye.