El dinero de la memoria

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, en primer término, y Fragoso, al fondo./HOY
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, en primer término, y Fragoso, al fondo. / HOY
Manuela Martín
MANUELA MARTÍNBadajoz

Un juzgado de lo Contencioso de Badajoz ha dictado una sentencia que es una enmienda a la totalidad a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que ha hecho la Diputación de Badajoz en los últimos años. A través de un decreto, el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, ligaba la concesión de subvenciones a los municipios al acatamiento del catálogo de vestigios del franquismo que ha elaborado un comité de expertos creado por la propia Diputación. El Ayuntamiento de Badajoz, que nunca estuvo de acuerdo con esos criterios, y que defendió sobre todo la autonomía municipal para aplicar la Ley de Memoria Histórica, recurrió a los tribunales y, de momento, le han dado la razón. La sentencia no es firme. Lo más probable es que sea recurrida, por lo que ninguna de las partes debería cantar victoria todavía y mucho menos olvidar que son los tribunales los que tienen la última palabra. Será el TSJEx, y quién sabe si el Supremo, el que determine si la Diputación de Badajoz se ha extralimitado en el uso del poder. Pero mientras se resuelve el pleito seguirá abierta la polémica. Legal y política.

Las críticas a la elaboración, contenido y aplicación del catálogo de vestigios no han venido solo de sectores nostálgicos del franquismo, sino de personas que no entienden muy bien qué sentido tiene quitarle el nombre de la calle a un alcalde de Fuente del Maestre, Diego de la Cruz, que es recordado por su pueblo porque hizo campañas de alfabetización. Este es uno de los ejemplos llamativos, pero ha habido más.

No es un secreto que amplios sectores del Partido Socialista han discrepado de las decisiones de Gallardo. El propio alcalde de Don Benito, el socialista José Luis Quintana, dejó claro en su día que aceptaba eliminar el nombre de la plaza García Sola, incluida en el catálogo de vestigios franquistas de la Diputación, porque no quería perder la subvención que le correspondía, no porque estuviera de acuerdo con su retirada.

No solo Quintana se tomó como un trágala la disyuntiva de 'o quitas la calle o te quedas sin dinero de la Diputación', sino que destacados socialistas llegaron a la conclusión de que, al poner en primer plano la política sobre los vestigios franquistas Gallardo se había pegado un tiro en el pie. No como alcalde, a la vista está que sigue teniendo el apoyo mayoritario de sus vecinos, sino como aspirante a suceder a Guillermo Fernández Vara como líder del PSOE. Dentro de dos años Vara tiene que abandonar la secretaría general de su partido y entre los firmes candidatos a sustituirle está Miguel Ángel Gallardo.

Es cierto que con su postura maximalista sobre cómo se debe aplicar la Ley de Memoria Histórica Gallardo contenta al socialismo pata negra que no quiere perder las esencias, pero incomoda a los más moderados. Dicho por derecho, Fernández Vara no consigue el 46% de los votos de los extremeños porque le apoyen solo los socialistas de carné y casa del pueblo, sino porque le votan miles y miles de electores de centro que le ven como un político moderado capaz de tender puentes a izquierda y derecha.

Cabe preguntarse por qué la Diputación de Badajoz ha puesto tanto celo en expurgar callejeros de cargos de la época franquista (algo que puede ser razonable si se hace con sentido común y sin arrogarse competencias de otras administraciones, pero que no es el gran problema de la Memoria Histórica), y no ha impulsado trabajos para dar una sepultura digna a las víctimas que todavía están en cunetas o en fosas comunes. Esa herida que está todavía sin cerrar sí merece el esfuerzo de las administraciones. Y no se ha avanzado demasiado en esa dirección. Sería bueno que todos los partidos se pusieran de acuerdo en qué queda por hacer y de qué manera se va a abordar. A lo mejor eso sí ayudaba a cerrar heridas.