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Detenidos 38 incendiarios en la región durante los seis primeros meses del año

Detenidos 38 incendiarios en la región durante los seis primeros meses del año

El origen de los incendios fue, en su mayoría, por imprudencias

redacción

Viernes, 6 de septiembre 2019, 11:55

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La Guardia Civil ha detenido e investigado, en los seis primeros meses de este año, a 38 personas por provocar incendios. En suma, se esclarecieron las causas y autoría de 115 incendios forestales y se instruyeron 69 infracciones administrativas.

Tras los informes e investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, se pudo determinar que el inicio de los incendio se debió, en su mayoría, a imprudencias. En la lista de causas continúan las causas naturales o accidentales y por último, los intencionados.

Las investigaciones de los incendios forestales se realizan mediante una inspección técnico ocular en el lugar en el que se originan, donde se trata de averiguar las causas del inicio, en busca de indicios que puedan determinar si se produjo de forma accidental o natural, o bien, fue debido a la participación humana,e xplica la Guardia Civil en una nota.

También se realiza una labor preventiva con la difusión de información al ciudadano y con la denuncia de los hechos.

En la nota, se destacan los tres incendios forestales esclarecidos en las comarcas de La Serena y Zafra-Rio Bodión, donde fueron pasto de las llamas más de 300 hectáreas de pasto, monte bajo, matorral, encinar, olivares y cereal. En estos casos, los informes de las causas concluyeron que los incendios fueron originados por diferentes imprudencias graves. Como ya se informó, se instruyeron diligencias a cinco personas como presuntos autores.

También destaca la Guardia Civil la detención del incendiario de la zona de Valverde del Fresno, que fue sorprendido con una cuerda combustible donde había cerillas anudadas. El hombre ingresó en prisión como presunto autor de ocho delitos de incendio forestal intencionados.

Las negligencias pueden acarrear multas de 12 a 18 meses y penas de 1 a 5 años de prisión. Si se aprecia riesgo para la vida o integridad física de la población, la pena puede incrementarse hasta los 20 años.

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