CSIF calcula que se recortarán 105 empleos en el transporte sanitario en la región
La central sindical afirma que el nuevo pliego de condiciones contempla 958 trabajadores y en la actualidad hay 1.064
El transporte sanitario se presta de manera provisional en la región tras una etapa de intensa conflictividad laboral y antes de que se adjudique este otoño a otra empresa el sindicato CSIF ha impugnado el pliego de condiciones del concurso, dividido en dos lotes, uno por provincia y cuyas ofertas se deberán conocer a principios de octubre. Se debe a que el sindicato, mayoritario junto a USO en este sector, ha observado que plantea 105 trabajadores menos.
Según explica Máximo Blanco, delegado de transporte sanitario en CSIF Extremadura, en el anexo 5 del lote 1 correspondiente a la provincia de Badajoz se detallan los costes laborales totales, que por trabajador y año ascienden a 29.614 euros. Esto significa que alcanza para contratar a 535,31 trabajadores. En la de Cáceres (anexo 8, lote 2), llegaría para 423,76 trabajadores. En total, la empresa adjudicataria podría contratar a 959 personas.
En este punto la Junta de Extremadura subraya que el informe de precios está fundamentado en tres pilares: el mercado, el convenio colectivo vigente y las coberturas técnicas.
Pero CSIF se ha interesado por saber cuántos empleados trabajan actualmente para las dos empresas encargadas del transporte sanitario en Extremadura y el 22 de septiembre pidió esos datos a la Seguridad Social. La respuesta fue 564 en Badajoz a través de Ambuvital y 497 en Cáceres adscritos a Coexam, en total 1.064. Esto significa para CSIF que el nuevo servicio se prestará con 105 técnicos de transporte sanitario menos. «Podemos admitir un margen de error de unas diez personas, pero de más de cien no». En esas cuentas, añade Máximo Blanco, no se contemplan las 45 personas del centro de coordinación, en este caso a través de Ambucoex, las cuales se subrogarán al nuevo contrato a través de una encomienda de gestión.
Para el representante de CSIF, «me preocupa que haya una posible pérdida de puestos de trabajo con más de cien trabajadores que no saben si se irán a la calle víctimas de un expediente de regulación de empleo».
Versión de la consejería
Según explica la Consejería de Sanidad, el cálculo de personal realizado en la memoria económica del expediente de contratación se ha basado en ratios que respetan lo establecido en el convenio colectivo del sector vigente, garantizando las coberturas del actual contrato.
La Junta defiende que el cálculo de personal respeta el convenio y garantiza las coberturas
En cuanto a las cifras de empleados facilitadas por la Seguridad Social, la Junta señala que «muchos de ellos finalizan contrato a lo largo de este mismo año (posibles contrataciones temporales por eventualidades, etc.), lo que significa que ni la Administración Pública ni probablemente la empresa actualmente adjudicataria pueden conocer con exactitud en estos momentos qué trabajadores serán finalmente objeto de subrogación».
Se prevé que en enero de 2022 empiece a funcionar la nueva empresa que se encargue de las ambulancias públicas de la región. Sería por un periodo de cuatro años, por el que la Junta pagará 154 millones de euros, más dos años más si todo va bien, esto es, hasta 2028 como máximo.
Pero ahí no acaban los recelos previos a esta concesión. La semana pasada hubo una protesta porque desaparecerían ambulancias con soporte vital básico de varias poblaciones. La Junta argumenta que tienen poco uso.
Otra reivindicación latente en este sector es la de las horas anuales que prestan los trabajadores, ya que los sindicatos defienden que las horas presenciales a la expectativa de ser avisados para un transporte deben ser pagadas como horas efectivas. Según Máximo Blanco, «el convenio impide sobrepasar las 1.700 horas anuales y muchas veces se superan las 2.700, por lo que hay cientos reclamaciones en los juzgados extremeños».
