La creación de la universidad privada sigue adelante con el informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Junta

La Mesa de la Asamblea de Extremadura aceptó el pasado martes el proyecto de ley, con lo que se desbloquea una situación que estaba estancada desde el pasado mes de julio. El Gobierno regional también ha solicitado que se tramite por el procedimiento de lectura única, lo que permitiría su aprobación en una sola votación y sin posibilidad de enmiendas. Esta petición aún no se ha abordado.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 25 de julio el proyecto de ley de reconocimiento de Uninde, que lleva en tramitación desde 2022. Ese día no se informó de esa reunión ni tampoco de los acuerdos adoptados. Como cualquier iniciativa legislativa, se envió para su tramitación a la Asamblea de Extremadura, donde el Ejecutivo regional del PP no tiene mayoría.

Sin embargo, la Mesa de la Asamblea, el órgano de gobierno interior de la Cámara, no admitió a trámite la iniciativa. El 9 de septiembre, tras el periodo inhábil de agosto, decidió suspender la tramitación del proyecto de ley debido a que el expediente no contaba con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Por ese motivo, solicitó a la Junta que aportara ese documento o bien que justificara por qué no se había entregado.

Este informe, que analiza el encaje jurídico de la norma que se propone aprobar, es necesario aunque no vinculante para la aprobación de los proyectos de ley del Gobierno regional. El Consejo Consultivo de Extremadura era la institución encargada de su elaboración hasta su disolución en el año 2015. Desde entonces se debe solicitar al Consejo de Estado, pero este órgano estatal no está obligado a aportarlo.

La Junta de Extremadura pidió ese informe el 4 de abril. El 13 de junio el Consejo de Estado devolvió el expediente por estimar que el texto debe remitirse de nuevo a la Conferencia General de Política Universitaria, que ya emitió un informe desfavorable en marzo de 2024. Para el órgano estatal, los cambios introducidos desde entonces hacen que el proyecto deba ser valorado otra vez, lo que supondría iniciar todos los trámites e incluso redactar la ley de nuevo.

El Gobierno regional considera que el informe de marzo de 2024 es suficiente, por lo que en julio presentó sus alegaciones al Consejo de Estado y pidió de nuevo el dictamen al proyecto de ley. El plazo para aportarlo es de dos meses, un periodo que se cumplió el 23 de septiembre. Dos días después, el Gobierno regional se reunió de forma extraordinaria (de lo que tampoco se informó) para trasladar a la Asamblea los motivos por los que no cuenta con ese documento y solicitar que la tramitación del proyecto de ley siga su curso. Y la Mesa admitió a trámite la propuesta el pasado martes.

Sin embargo, los propios servicios jurídicos de la Junta, que también deben ser consultados para la elaboración de leyes, se opusieron a la tramitación del proyecto. Según el informe que forma parte del expediente, la Abogacía General expresó en julio, antes por tanto de que el Consejo de Estado respondiera a la segunda solicitud de dictamen, que ese documento es imprescindible para la aprobación del proyecto de ley.

«La omisión de este trámite podría conllevar serias consecuencias, toda vez que podría sostenerse que el acto de aprobación del propio proyecto de ley, en cuanto que acto del Consejo de Gobierno, está viciado como consecuencia de la falta de un requisito legalmente exigido para su producción», indica este órgano. Aunque también añade que ni la doctrina ni la jurisprudencia son concluyentes sobre ese hecho.

La Abogacía General considera, en línea con el Consejo de Gobierno, que no es necesario recabar de nuevo el informe de la Conferencia General de Política Universitaria. Pero estima que es imprescindible contar con el dictamen del Consejo de Estado, por lo que se mostró desfavorable a la aprobación de la ley.

El Ejecutivo extremeño desestimó esta observación y siguió adelante con la tramitación, lo que llevó a la aprobación del proyecto de ley el pasado 25 de julio. En concreto, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, replicó que la Junta «ha seguido escrupulosamente los procedimientos y requisitos establecidos por la Ley de Universidades», así como la Ley del Gobierno y de la Administración de Extremadura. Es decir, que ha recabado los informes pertinentes, sean o no favorables.

En julio la Mesa de la Asamblea paralizó la iniciativa y suspendió el procedimiento, pero tras la segunda respuesta del Consejo de Estado y la nueva aprobación del Consejo de Gobierno finalmente ha admitido a trámite el proyecto de ley. Pero como no se ha obtenido el dictamen del órgano consultivo, sigue vigente la posición desfavorable de la Abogacía General.