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Ana B. Hernández
Lunes, 13 de enero 2025, 07:21
Los problemas en su pierna derecha han derivado tres años después en una amputación que ha trastocado su vida por completo. «No es solo perder la pierna, aún estoy tratando de aclimatarme porque es un golpe muy duro, sino verme encerrado en mi propia casa», ... explica Luis Ávila Vega.
Tiene 76 años y reside desde hace más de veinte en una vivienda social propiedad de la Junta de Extremadura, en la avenida Dolores Ibarruri de Plasencia. Su piso de alquiler es un bajo situado a poco más de diez pasos del portal del bloque. Pero desde hace cinco meses Luis Ávila ya no lo quiere recorrer, porque sabe que su paseo finaliza en él. «Para salir del bloque hay que bajar cinco escalones que se han convertido en un obstáculo infranqueable para mí».
Fue a finales del pasado junio cuando se le amputó la pierna derecha en una operación quirúrgica en el Universitario de Badajoz. «Después de una semana regresé a casa y desde entonces estoy confinado». Su día a día, en el que recorría muchas veces ese pasillo y bajaba y subía las escaleras de acceso al portal, cambió de manera drástica entonces. «Salía cada poco a pasear, a comprar, al bar de mi hija... Esto ya se ha acabado, hace cinco meses que mi vida transcurre de la cama al sofá y en silla de ruedas».
Luis y su mujer, Faustina Terrón, solicitaron a la Junta poco tiempo después de la amputación que construyera una rampa en el acceso al portal en sustitución de los escalones. «De eso hace tres meses y seguimos esperando», lamenta Faustina. «Lo hemos pedido a la Junta porque es la propietaria de nuestra vivienda, cuyo alquiler pagamos puntualmente, pero no tenemos respuesta». Asegura que «de vez en cuando me paso por las oficinas que tienen aquí, en Plasencia, para ver cómo va mi solicitud, porque la desesperación de mi marido va a más, la casa se le cae encima, pero me dicen que enviaron la petición a Mérida y que no saben más».
Este matrimonio reclama al Gobierno regional celeridad en la tramitación administrativa de una «obra menor para la Junta pero muy importante y necesaria para nosotros, porque nos permitiría recuperar un poco la vida que teníamos», expone Faustina. «Es muy duro sentir que tu casa se convierte en tu cárcel», dice Luis. «Son cinco escalones que están suponiendo un calvario para ambos».
Faustina siente el silencio administrativo que ha obtenido hasta la fecha como única respuesta. «Porque la rampa no es un capricho, es una necesidad, mi marido no tiene otro modo de salir, mi hija y yo no tenemos fuerza para bajarle a pulso en la silla de ruedas». La forma en la que lo están haciendo los sanitarios que acuden a su vivienda para llevar a Luis en ambulancia hasta el hospital estos días para que reciba las sesiones de rehabilitación que se le han prescrito.
«Pero la rampa no es la única ayuda que hemos solicitado por la situación en la que nos encontramos», añade Faustina. El matrimonio ha pedido también ayuda a domicilio al Ayuntamiento y la Junta a través de la Ley de Dependencia. «Y la repuesta que hemos logrado ha sido la misma, silencio». Por el momento la han contratado por su cuenta: «Ingresamos poco más de mil euros al mes con nuestras pensiones, pero hemos cogido a una chica para que nos ayude, yo tengo 74 años y ya no puedo con todo», dice la mujer. «Pero la rampa es lo que más nos urge», insiste.
El caso de este matrimonio no es una excepción en Plasencia. Residentes en viviendas sociales del barrio de La Esperanza llevan años reclamando rampas en sustitución de las escaleras de acceso a sus portales para solventar los problemas de movilidad de muchos vecinos.
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