Francisco Pedraja

Consejero extremeño de la AIReF

«Si alguna comunidad precisa de solidaridad para educación y sanidad, esa es Extremadura»

–¿Cómo afectaría ese acuerdo a Extremadura?

–La estructura básica del modelo que se plantea, por simplificar mucho, es que Cataluña se quede con el 100% de la recaudación de los impuestos en su territorio y luego decida qué parte entrega al Estado, como una especie de cuota de solidaridad. Desconocemos los detalles cuantitativos del acuerdo y cómo se calcula esa cuota de solidaridad, pero si esto se lleva a la práctica se verán especialmente afectadas las comunidades que tengan menos capacidad fiscal y más necesidades relativas. Extremadura constituye el caso extremo. Si alguna comunidad precisa más que ninguna otra de esa solidaridad del Estado y del resto de comunidades para poder prestar en condiciones de igualdad servicios que son fundamentales, como educación, sanidad o servicios sociales, esa es Extremadura.

–¿Entiende las críticas desde Cataluña al actual sistema?

–Cataluña nunca ha estado mal financiada. Lo que ha pasado es que ha tenido un nivel de gasto muy por encima de la media, porque se ha financiado con deuda. Ahora, encima, se le condona en buena parte y sin ninguna contrapartida, lo que carece de sentido económico. Esto de que esté siendo perjudicada no se justifica con los datos. Su balanza fiscal tiene un saldo negativo de 2.000 millones, que es el resultado lógico para una comunidad relativamente rica. Lo ilógico sería un saldo positivo si se hace la balanza con respecto a la Hacienda central y se ve que el sistema fiscal es redistributivo y el gasto sigue un criterio per cápita.

–¿Lo que se conoce del acuerdo puede hacer que la balanza fiscal de Extremadura se reduzca?

–Evidentemente y Cataluña saldría muy beneficiada. Todo dependerá de cómo se calcule esa cuota de solidaridad. Entonces, Extremadura tendrá una balanza distinta y Cataluña podrá hacer su saldo positivo como lo tienen actualmente las comunidades forales.

–¿Esa cuota de solidaridad se podría calcular para que fuese lo más redistributiva posible?

–Se podría calcular de manera que los niveles de prestación de servicios y la aportación que hace Cataluña sea la que tiene en el actual sistema. El problema es que eso se puede hacer en el primer año. Pero, si Cataluña tiene la llave de la caja, nada garantiza que en los años posteriores esa cuota se vaya manteniendo. El control lo tendría Cataluña y no el Estado.

–¿Esto quiebra el principio de solidaridad?

–Creo que se limita gravemente. En el caso extremo de que la cuota tienda a cero en los próximos años, lo que no es improbable, sí supondría una quiebra clara de ese principio y del principio de igualdad, del que se habla menos.

–La oposición habla de inconstitucionalidad del acuerdo.

–En la medida en que esa solidaridad se viera claramente dañada o no se aplicara como se está aplicando, sí iría en contra de la Constitución.

–¿Cómo quedaría la Agencia Tributaria?

–El acuerdo trocea la Agencia Tributaria y eso no tiene ningún sentido. La Agencia Estatal de Administración Tributaria es una de las más eficientes a nivel internacional. Con este viaje nos cargaríamos una institución que funciona muy bien elevando costes de gestión y abriendo la puerta a un mayor fraude.

–¿Cambiaría la relación de fuerzas entre el Estado y Cataluña en el ámbito de la recaudación?

–Cataluña supone el 20% del PIB español y con los datos de 2022 recaudaría aproximadamente 30.000 millones de euros más, al margen de la cuota de solidaridad. Este acuerdo no profundiza en un sistema federal como dice el presidente del Gobierno, no se ha enterado. España ya es un país materialmente federal. A lo que llevaría esto si se generalizase, porque otras comunidades, por supuesto ricas, podrían pedir el mismo sistema, sería a un sistema confederal en el que cada comunidad decida lo que aporta a la Hacienda central. La Hacienda central se quedaría sin recursos, o al albur de lo que decidan los territorios, para realizar funciones que son esenciales: de redistribución de renta y riqueza, de estabilización y de igualdad entre todos los españoles.

–¿El sistema perdería esos 30.000 millones de euros?

–Se estarían quitando a la Hacienda central, que no los podría destinar, entre otras cosas, a los fondos de nivelación que sirven para cubrir los servicios públicos fundamentales que realizan las comunidades autónomas o a las pensiones, por ejemplo.

–¿Habría posibilidad de compensar esa cuantía?

–No se me ocurre sin aumentar significativamente la presión en el resto de territorios y la aportación de determinadas comunidades relativamente ricas, especialmente Madrid; con lo que te estás cargando el principio de igualdad, pero también te lo cargas si reduces los niveles de prestación de servicios de las comunidades y del Estado.

–Al final estaríamos hablando de ampliar el régimen foral.

–Claramente. En esencia, por lo visto hasta ahora, es el mismo esquema: recaudo todos los impuestos en mi territorio y luego calculo el cupo. La única diferencia es que inicialmente existe una cuota de solidaridad que no hay en las comunidades forales. Por eso es tan atractivo para comunidades ricas y con una idea nacionalista importante.