«El cierre de Almaraz sería un drama»

«Lo digo como lo siento: si el Gobierno no cambia de opinión y la central cierra, va a ser un drama para la comarca del Campo Arañuelo, para Extremadura y para España», plantea Juan Antonio Díaz, alcalde socialista de Almaraz (1.615 habitantes). «Crucemos los dedos –sigue– y peleemos para evitar perder la mayor industria que tenemos en nuestra región, porque si nos quedamos sin ella, esto va a ser un caos. El Gobierno y las empresas dueñas de la central tienen que recapacitar y llegar a un acuerdo para seguir operando. Y a ser posible, durante cuarenta años más. En mi cabeza no cabe que la central cierre».

Díaz está al mando de la localidad más poblada de la zona uno, que es la integrada por estos doce municipios situados en un radio de diez kilómetros desde la instalación que empezó a funcionar al completo, con sus dos reactores, en el año 1983. Ocho de estas doce tienen menos de quinientos habitantes –dos de ellas superan por poco el centenar de vecinos y una tiene justo cien–, y solo dos (Almaraz y Casatejada) rebasan los mil empadronados. Es un entorno marcadamente rural, envejecido y en declive demográfico.

«Si de verdad nos preocupa la despoblación de la que tanto se habla, el cierre de Almaraz sería una noticia muy negativa», valora Fernando Sánchez, regidor de Belvís de Monroy (743 vecinos) por el partido Levanta Extremadura, que también gobierna en Serrejón y Saucedilla. El alcalde de este último pueblo (994 habitantes), Iñaki Campo, afirma que la planta extremeña «beneficia a todos: a los pueblos de la zona, la provincia y la región, por lo que deja en impuestos a los ayuntamientos y a la Junta y por el trabajo que genera, no solo directo sino también indirecto, que se nota en los bares, las tiendas, en el pequeño comercio...».

«La central repercute en todo: en trabajo para la gente y en bienestar para el pueblo», resume el socialista Juan Luis Curiel, al frente del Consistorio de Casas de Miravete (112 residentes). «Los ayuntamientos –amplía– recibimos de la central y de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) un dinero que nos viene muy bien para tener el pueblo mejor. Lo usamos sobre todo para contratar trabajadores. A todos nos interesa que la nuclear siga operativa. Y la gente está mayoritariamente a favor de su continuidad. Yo tengo que pensar que va a continuar, porque es lo que deseo y lo que quiere la mayoría en la zona».

La postura favorable a la prórroga de la instalación es mayoritaria también en la Asamblea de Extremadura. El PP y Vox defienden su continuidad sin matices y el PSOE es partidario de que siga operando mientras no haya una alternativa real de empleo y riqueza para la zona. Se aparta de estos discursos Unidas por Extremadura, que siempre ha manifestado públicamente su oposición a la planta y pide su clausura. La formación de izquierda prefiere energías más limpias y menos dependientes del uranio, según explicó su líder regional, Irene de Miguel, en una entrevista en HOY el pasado 15 de diciembre, en la que manifestaba que la planta había servido sobre todo «para engordar los bolsillos de las grandes empresas energéticas de este país».

Sobre el terreno, en la zona más cercana a la planta, los alcaldes mantienen un discurso unitario, sea cual sea su afiliación política. Todos son partidarios de que la central mantenga su actividad.

«Lo soy al cien por cien», deja claro de entrada el regidor de Higuera de Albalat (100 habitantes), la más pequeña de las doce poblaciones de la zona uno. «La supervivencia de los pueblos de este área, y en especial la de los más pequeños como es el caso de Higuera de Albalat, depende de que la central siga operando, de esto no hay ninguna duda», zanja Dionisio Cordero (PSOE).

«Los grandes podrán mantenerse, pero los más pequeños corremos un riesgo real de desaparecer si la planta cesa su actividad», asegura el alcalde, que teme que el que él gobierna pueda ser uno de los primeros en vaciarse.

«Mi pueblo –apunta el regidor– es de los que menos dinero recibe de la central y Enresa por impuestos, y aún así, no podríamos mantenernos si dejamos de recibir esa cantidad». En concreto, fueron 258.805 euros en el año 2020, el 56% del presupuesto municipal, según el informe 'Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz', elaborado hace tres años por la consultora Payperthink por encargo de la Asociación Española de Municipios en áreas nucleares y de residuos radiactivos.

«Ese dinero –amplía el alcalde de Higuera de Albalat– es el que permite que los pueblos más pequeños podamos prestar servicios con una cierta calidad y así cuidar a nuestros vecinos», plantea Cordero, que desciende al terreno de lo cotidiano y pone ejemplos concretos. «El mantenimiento del gimnasio, de la pista de pádel, la ayuda domiciliaria, el cuidado de los mayores, la licitación del bar a un precio mínimo para que siempre haya alguien interesado en tenerlo abierto, mantener el centro de salud en buen estado, que las tiendas sigan teniendo clientes... A todo esto ayuda mucho el dinero que nos llega de la central. Es una cadena que depende de ella. No quiero ni pensar en que cerrara, porque sería algo traumático. Y sería un paso atrás para todos: para este pueblo, para los otros de la zona, para la provincia y la región y para España, estando como estamos ya inmersos en una crisis energética en la que resulta fundamental tener una industria que para funcionar no depende de las horas de sol que haga, ni del viento, y que puede funcionar día y noche durante todo el año».

Ese mismo estudio que concreta lo que cobran los ayuntamientos por lo que pagan la instalación y Enresa afirma también que el impacto de la planta en el entorno más próximo ha sido positivo pero menor del esperable para una industria de sus dimensiones. Y asegura también que ha tenido un efecto pernicioso, al hacer a la zona dependiente de ella en el ámbito laboral hasta el punto de reducir el autoempleo en los pueblos del entorno, que ahora presentan peores condiciones que la mayoría para vivir sin una central nuclear al lado.

«Y eso es verdad, hay que ser autocrítico», admite Dionisio Cordero. «Claro que las cosas se podrían haber hecho mejor –asume el regidor–. Pero el problema que podría surgir cuando la central cerrara se veía como algo lejano. Nadie se ha planteado seriamente cambiar la estructura económica para mantener la riqueza y los servicios cuando la planta dejara de funcionar. Es cierto que somos mucho más dependientes que si se hubieran tomado medidas para intentar minimizar el impacto del cierre. Se han tomado medidas en estos años, pero insuficientes, y que ni por asomo han servido para proporcionarnos unos niveles económicos equiparables a los que tenemos con la central abierta».

«Son casi tres mil puestos de trabajo los que hay en juego», sitúa Evaristo Blázquez, alcalde socialista de Romangordo (251 habitantes), uno de los pocos pueblos extremeños que tiene ahora más población que al empezar el siglo. Uno de los motivos es el empleo que genera su residencia de mayores. Y está ya construido y en fase de equipamiento el centro de dependencia. «Sin el dinero que nos llega por la central y Enresa, igual en vez de gestionarlo el ayuntamiento hay que sacarlo a licitación y que se encargue de él una empresa privada», expone el regidor. «Con ese dinero hacemos muchas cosas en beneficio de la comunidad, sobre todo en materia de empleo», apunta Eugenio Trebejos, al mando del ayuntamiento de Toril (159 residentes).

«Sin la central, hay gente en estos pueblos, jóvenes sobre todo, que tendrían que irse a vivir a otros sitios», añade el regidor, del PSOE, como su colega de Mesas de Ibor (152 vecinos). «Es verdad que habría gente que se tendría que ir», refrenda Roberto Muñoz, que cree que «la continuidad o no es una decisión política».

48 años trabajó en la planta Faustino Herrero, alcalde de Valdecañas de Tajo (96 vecinos) por el PP. Ahora tiene un hijo empleado en ella. «Es una planta segura al cien por cien, de las más seguras del mundo, y no lo digo yo, sino los organismos internacionales», plantea el regidor, que defiende la instalación «porque es el principal medio de vida de esta zona y su cierre sería un palo para el Campo Arañuelo y Extremadura entera». «Y el desmantelamiento –añade– no es alternativa en absoluto, porque se hace con cuatro especialistas y medio que traerá Enresa».

«Estamos hablando del futuro de nuestros hijos, tíos, primos, hermanos...», sitúa Ahitana Gómez, alcaldesa popular de Millanes (223 empadronados). «Se habla –plantea– del dinero que recibimos los ayuntamientos, pero no es solo eso. Es toda la gente que vive de la central entre puestos directos e indirectos, y el nivel adquisitivo que hay en esta zona gracias a ella. Estamos luchando contra la despoblación, y su cierre impulsaría a algunas familias a marcharse de aquí».

«La comarca del Campo Arañuelo está más dinamizada económicamente gracias a la nuclear», apunta Nélida Martín, alcaldesa de Serrejón (407 habitantes) por Levanta Extremadura. «Sin ella, no habría el movimiento económico que hay en toda esta zona», asegura la regidora, que añade que «no hay un factor objetivo para su clausura» y que pone en valor «que se trata de una instalación totalmente segura». «Cerrarla –concluye Martín– sería un error grandísimo».