El cheque de 200 euros llegará a más del 20% de los hogares extremeños

El requisito para percibir esa ayuda es que residan en hogares en los que no se ingresen más de 14.000 euros al año, que en Extremadura son más del 20% del total, según la encuesta de presupuestos familiares del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

En estos hogares con ingresos reducidos viven cerca de 220.000 personas. Eso no quiere decir que todas ellas vayan a percibir el cheque, ya que en esa cfira también están incluidos los menores de edad.

El cálculo que hace el Gobierno es que, a nivel nacional, 2,7 millones de personas se beneficiarán de esta ayuda. Es decir, un 5,7% del total de la población. Si se traslada ese porcentaje a la región, las estimaciones alcanzaría a unos 61.000 ciudadanos. Sin embargo, Extremadura sigue siendo la comunidad con los salarios más bajos y con una tasa de desempleados más elevada, por lo que los posibles perceptores del cheque serán porcentualmente más que en otros territorios.

Si se piensa que en cada uno de los 123.000 hogares extremeños con ingresos que no llegan a los 14.000 euros al año vive un único adulto que podrá recibir el cheque de 200 euros, la medida tendrá un impacto económico de más de 24,5 millones de euros en la región.

Esta es la medida más llamativa del plan anticrisis que pretende desarrollar el Gobierno, pero no la única. También se incluye el aumento del 15% de las pensiones de jubilación no contributivas.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo recogen que en la región hay más de 7.000 personas que tienen este tipo de prestación. Todas ellas verán incrementadas sus nóminas en unos 64 euros por término medio.

La pensión no contributiva media que cobran los jubilados extremeños es de 427 euros mensuales. El 15% de esa cantidad son 64 euros, por lo que las pensiones superarían los 490 euros. Aplicar esta medida en Extremadura costaría 453.000 euros todos los meses, lo que sumaría algo menos de 5,5 millones de euros al año.

El plan anticrisis también incluye una ayuda para los abonos de transporte público. Tanto para los de carácter nacional, que en Extremadura pueden ser los que tiene Renfe para los trayectos de media distancia, o los de autobuses urbanos o interurbanos.

En este último caso, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena son ejemplos de localidades que tienen abonos para sus autobuses. Los precios se mueven entre los 20 y los 30 euros. La idea del Gobierno es subvencionar el 30% de estas cuantías, aunque las administraciones locales podrán llevar la ayuda hasta el 50%.

Se trata de una medida, evidentemente, pensada para grandes ciudades en las que hay un alto porcentaje de personas con abonos de transporte. En Extremadura, el número no suele estar por encima de los 500 usuarios con estos abonos mensuales en ninguna de las grandes poblaciones y cae mucho en los meses de vacaciones escolares.

A todo el conjunto de la población llegarán la prórroga de ayudas que ya estaban en vigor y que finalizaban el 30 de junio, como son la rebaja a los carburantes y la reducción del impuesto especial sobre la electricidad que se pagaba en las facturas de luz.

Los carburantes mantendrán el descuento de 20 céntimos por litro hasta final de año. Las empresas dedicadas al transporte y los autónomos esperaban que la cantidad de la rebaja se aumentase, ya que el alza del precio de los combustibles ya se ha comido esos 20 céntimos desde su aplicación.

Por otro lado, en las facturas de luz de los hogares se aplicará una nueva reducción del IVA, que pasará del 10% al que ya se había rebajado al 5% hasta final de año. Supondrá unos cinco euros menos en el recibo de un hogar medio, que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) estimó en 99 euros para el pasado mes de mayo.

Además, las condiciones para acceder al bono social, que se relajaron con la pandemia para llegar a un mayor número de familias, se mantendrán sin cambios. Antes de esa flexibilización lo percibían unos 60.000 hogares en la región y se amplió por encima de los 95.000. Eso sí, solo pueden acceder a esta subvención los clientes que tengan contratada una tarifa regulada (PVPC).