Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

Los secretarios y el interventor de la Diputación defienden que el contrato de David Sánchez se hizo conforme a Ley

En lo que coinciden unos y otros, por tanto, es que los altos funcionarios han declarado que los contratos se han hecho conforme a Ley , algo que, como ha destacado Emilio Cortés (abogado de Sánchez), estaba claro porque ninguno presentó una nota de reparo a los procedimientos.

Este miércoles ha tenido lugar en Badajoz la segunda ronda de declaraciones de testigos citados por la jueza Beatriz Biedma para este mes de abril, dentro de la instrucción para aclarar las circunstancias en las que se produjo la llegada de David Sánchez a la Diputación pacense como coordinador de los conservatorios, y si posteriormente influyó para colocar al extrabajador de Moncloa, Luis Carrero, en la institución provincial.

Los tres funcionarios, habilitados nacionales, han llegado y salido del juzgado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. José María Cumbres era el secretario general cuando se gestó y concedió el puesto al hermano del presidente del Gobierno entre 2016 y 2017, y se jubiló en 2021. Le siguió esta mañana el actual, Enrique Pedrero. El último ha sido el interventor, Luis Carlos Mancha.

Emilio Cortés, abogado de Sánchez, asegura que los funcionarios han defendido que los contratos de la Diputación que se encuentran bajo la lupa judicial están sujetos «a la más estricta legalidad». Dice que «no ha habido tacha administrativo ni en creación de puesto, ni modificación, ni en su desarrollo». «Se le ha preguntado por todos los procedimientos considerados controvertidos por parte de las acusaciones populares» y, según Cortés, han acreditado que todo se ha hecho conforme a ley.

En cambio, no lo ha visto tan claro el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, quien ha dicho que los funcionarios se han limitado a hablar de la «legalidad formal» y que «la ley no les permite entrar en el fondo de los asuntos». «Desde el punto de vista de las defensas, no le ha venido bien porque han dicho que ellos solo controlan la legalidad formal, pero no entran a valorar si los puestos eran necesarios o no».

Por su parte, la abogada de Vox, Marta Castro, ha aseverado esta mañana que las declaraciones de hoy «quieren hacer ver que este expediente cumple con toda la legalidad», pero a su juicio existen irregularidades. Quién tomó la iniciativa de crear el puesto de David Sánchez, ha asegurado que el contrato «está plagado de irregularidades» y que ha habido «maquillaje» para «una adjudicación a dedo». Aunque para Castro la dedicación y sus funciones, así como la conexión de «Badajoz- Madrid y la llegada de un asesor de Moncloa» se acerca el cierre de la instrucción.

Hay que recordar, asimismo, que a través de sus autos la jueza Biedma ha defendido la tesis de que la Diputación actuó siempre para dar «apariencia de legalidad» a la contratación de David Sánchez, pero con la intención de adjudicarle desde el principio la nueva plaza convocada.

En el primer día de declaraciones, los directores de los conservatorios reconocieron ante la jueza que escucharon «rumores» de la llegada del hermano de Pedro Sánchez meses antes de que se convocora la plaza.