Los ayuntamientos gobernados por el PSOE renuncian al plan de respiro familiar de la Junta

El PSOE de Extremadura ha acordado este miércoles que los ayuntamientos socialistas de la región renuncien al Plan de Respiro Familiar puesto en marcha el año pasado por la Junta de Extremadura. Se trata del proyecto que busca ser un soporte a las familias en las tareas de atención y cuidado que prestan a personas dependientes y con grado de discapacidad reconocido.

El dinero debe destinarse a la asistencia domiciliaria, el acompañamiento en actividades puntuales o la estancia temporal en centros sociosanitarios. Hay que recordar que el programa se estrenó el pasado año en 48 municipios, dejando fuera en esa experiencia piloto a 300.000 extremeños residentes en las localidades de menos de 4.000 habitantes, que en el plan de este año sí quedarán incluidos.

La primera edición destinó un millón de euros. Para llegar a los municipios más pequeños, este año la Junta ha incluido a las mancomunidades que prestan el servicio de atención social básica. De ahí que la dotación haya subido a 1,5 millones de euros. Los fondos se asignan en función del número de personas que tengan una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia reconocido de I, II o III.

La Administración regional transferirá los fondos a los ayuntamientos y las mancomunidades, que podrán decidir si los aceptan o los devuelven y determinar la prestación del servicio con personal propio o por medio de entidades especializadas.

El pasado 21 de abril el Ayuntamiento de Mérida ya consideró insuficiente la cantidad asignada a la ciudad: 103.000 euros -el año pasado fueron 99.000 euros-.

Los socialistas han manifestado este miércoles que quieren que el gobierno de María Guardiola «reforme este decreto teniendo en cuenta la voz del Tercer Sector y la de las familias que cuidan a personas dependientes». El PSOE manifiesta su compromiso de «trabajar en un modelo alternativo con el compromiso de las administraciones e instituciones donde gobierna». Lo ha anunciado el presidente del Consejo Municipal y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras la decisión tomada en este órgano que reúne a alcaldes y alcaldesas y portavoces socialistas reunidos este 7 de mayo en la capital extremeña, bajo la presidencia del secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo. Los participantes han coincidido en la importancia de «decir no y renunciar a la gestión de este programa y pedir a la Junta que recupere el decreto y escuche a los colectivos y personas más afectadas».

«Tenemos que adelantar financieramente esos programas, por lo que exigimos a la Junta que se ponga a trabajar y que mande ya las certificaciones que permiten hacer uso del dinero para que no tengan que ser los ayuntamientos los que lo adelanten», ha señalado Osuna. Durante este encuentro, los socialistas han puesto de manifiesto lo que consideran un «ataque sistemático que el gobierno del Partido Popular está llevando a cabo contra el municipalismo y se ha denunciado el uso irresponsable y partidista que está haciendo el PP de los Programas de Colaboración Económica Municipal. Unos programas que nacieron con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos a afrontar competencias impropias».

«Estamos ante una clara dejación de funciones, más que ante un problema económico», añadió el presidente del Consejo Municipal de los socialistas extremeños.

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