El Ayuntamiento de Mérida considera insuficientes los fondos para respiro familiar

El Ayuntamiento de Mérida considera insuficiente la cantidad asignada por el Gobierno regional para el servicio de respiro familiar en la ciudad. El Consistorio emeritense recibirá este año 103.000 euros, una cifra superior a los 99.000 euros que se asignaron en 2024.

La Junta de Extremadura puso en marcha el pasado año esta iniciativa bajo la forma de un programa de colaboración económica, por el cual se transfieren fondos de forma incondicionada a las entidades locales para la prestación de servicios financiados por la Administración regional. Estas aportaciones, destinadas a cuestiones como residencias de mayores y ayudas sociales, se tramitaban anteriormente mediante convocatorias, lo que requería de unos plazos administrativos e implicaba además la necesidad de cumplir con una serie de condiciones.

El programa de respiro familiar pretende servir de soporte a las familias en las tareas de atención y cuidado que habitualmente prestan a personas dependientes y con grado de discapacidad reconocido. El dinero debe destinarse a la asistencia domiciliaria, el acompañamiento en actividades puntuales o la estancia temporal en establecimientos sociosanitarios.

La primera edición destinó el pasado año 1 millón de euros para las 48 localidades extremeñas que tienen más de 4.000 habitantes. Para llegar a los municipios más pequeños, en 2025 se ha incluido a las mancomunidades que prestan el servicio de atención social básica. Con ese fin, la dotación ha subido a 1,5 millones de euros.

Como criterio de reparto, los fondos se asignan en función del número de personas que tengan una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia reconocido de I, II o III. Mérida, con un 6,9% de los beneficiarios de la región, recibe algo más de 103.000 euros.

La delegada de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, considera escasa esa dotación y critica además el modelo de gestión del Gobierno regional.

«La Junta de Extremadura insiste en el diseño de un plan respiro que es insuficiente en lo económico y no cumple con las demandas y expectativas de las familias», ha afirmado. Según sus cálculos, 4.200 personas de Mérida podrían ser beneficiarias de estas ayudas, con lo que «estamos hablando de 2 euros al mes». La asignación del pasado año, 99.400 euros, correspondía a 1.157 personas, según la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. De esa forma, el Consistorio emeritense considera que el número de perceptores está por encima de las previsiones de la Administración regional.

Para la delegada de Accesibilidad Universal, estas ayudas «no cubren las necesidades de las familias, ni sus demandas, ni sus expectativas y esto se lo hemos trasladado a la Administración regional y no nos ha querido escuchar». Fajardo incide en que las familias «quieren que el respiro sea gestionado a nivel regional y por las entidades expertas, que son las que dan tranquilidad».

«No quieren personas ni empresas extrañas ni que sus hijos vayan de forma individual, porque no les da tranquilidad», ha añadido. «Las familias no se han sentido escuchadas por la Junta de Extremadura». Por ese motivo, pide que los fondos se destinen directamente a las entidades que tradicionalmente gestionaban este plan.

La delegada de Accesibilidad Universal subraya que «nuestro compromiso con familias y entidades es incuestionable», con iniciativas como los proyectos de vida independiente, la eliminación de barreras arquitectónicas, los campamentos y la gestión del empleo para personas con discapacidad. A su juicio, el Gobierno regional debe mostrar ese mismo compromiso, «asumir su responsabilidad y no delegarla a los ayuntamientos ni a las familias, que ya están suficientemente sobrecargadas y no quieren gestionar de forma individual el respiro de sus hijos».

Por su parte, el Grupo Municipal del PP de Mérida denuncia que el Gobierno local del PSOE «ha vuelto a renunciar al plan de respiro familiar impulsado por la Junta de Extremadura», lo que a su juicio supone «negar a las familias cuidadoras emeritenses la posibilidad de acceder a un servicio que mejora su calidad de vida y les ofrece un necesario descanso físico y emocional».

Asimismo, niega que el plan implique más carga para las familias, ya que el Ayuntamiento «puede y debe gestionar» la contratación de entidades.

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