La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas

El Parlamento regional abordará el debate de esta modificación, propuesta por el PP. Primero se votará si se procede a la reforma por el procedimiento de lectura única, lo que permitiría su aprobación (o rechazo) en un solo trámite, sin posibilidad de enmiendas. Tras esto, se deberá decidir si se da luz verde al cambio en el Reglamento de la Cámara.

La reforma planteada por el PP consiste en establecer que la legislatura del Parlamento regional tiene una duración de cuatro años a partir del día de la celebración de las elecciones autonómicas, incluso en caso de disolución anticipada por decisión de la Presidencia de la Junta.

En la actualidad la norma recoge que el mandato de la nueva Asamblea tras una disolución anticipada durará «hasta el término natural de la legislatura originaria». De esa forma, como las últimas elecciones se celebraron en 2023, en caso de una nueva llamada a las urnas en 2026 habría que volver a votar en 2027.

La propuesta del PP está vinculada a la negociación de los Presupuestos autonómicos del próximo año. La presidenta de la Junta, María Guardiola, citó el pasado 29 de septiembre a los grupos parlamentarios para iniciar la negociación de las cuentas de 2026, ya que el Gobierno regional del PP no tiene mayoría suficiente para asegurar su aprobación en el Parlamento regional. Con el reparto actual de escaños, necesita a PSOE o Vox para sacar adelante cualquier proyecto de ley.

En esa cita, Guardiola anunció su intención de convocar elecciones anticipadas en caso de que no se llegue a un acuerdo para las cuentas del próximo año. El Gobierno regional considera que una nueva prórroga, como la que se está viviendo en el presente ejercicio debido a la falta de consenso para los Presupuestos de 2025, supondría la paralización de la región. Y estima que en tal caso la única salida sería llamar a los extremeños a votar.

Pero también anunció que el PP plantearía la reforma del Reglamento de la Asamblea para que la legislatura pueda durar cuatro años en caso de adelanto electoral, sin someterse al calendario fijado por la convocatoria anterior. Con ello, se podría votar en 2026 y ya no sería necesario hacerlo de nuevo en 2027.

La presidenta extremeña no aclaró si, en caso de que la reforma del Reglamento de la Cámara no se apruebe, seguirá adelante con su intención de convocar elecciones si no se llega a un acuerdo sobre los Presupuestos de 2026 en los próximos meses (la votación final tendrá lugar en diciembre). Desde entonces, el Gobierno regional tampoco ha ofrecido una respuesta diáfana al respecto.

Por el momento, no parece que los grupos de la oposición vayan a aprobar esta propuesta, que como cualquier otra modificación legal requiere de mayoría absoluta. Unidas por Extremadura se ha mostrado en contra desde el principio, ya que considera que forma parte de la estrategia nacional del PP contra el PSOE de Pedro Sánchez. Los socialistas estiman que cualquier cambio debería hacerse con más tranquilidad y rigor, sin intereses partidistas; y sólo Vox mantiene la duda sobre su posición, aunque el presidente del Grupo Parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo, ha llegado a afirmar que Guardiola quiere «retorcer el Reglamento de la Asamblea».

Sin embargo, para el Gobierno regional del PP la propuesta en realidad cumple con lo que recoge el Estatuto de Autonomía tras la reforma que tuvo lugar en el año 2011. De hecho, considera que con la redacción actual de esa norma bastaría para convocar elecciones.

El texto original de 1983 estableció que la Asamblea se elige por cuatro años y que las elecciones deben celebrarse el mismo día que otros comicios regionales. En coordinación con otras normas autonómicas, se pretendía que todas las citas electorales tuviesen lugar el mismo día.

En caso de que no se elija un presidente por falta de acuerdo, se acordó que hay que convocar nuevas elecciones y que ese mandato duraría hasta la fecha en el que debía concluir el anterior. Es decir, no se abría una nueva legislatura.

En la reforma de 1999 se incluyó la posibilidad de disolución anticipada, que hasta entonces no se contemplaba en el Estatuto de Extremadura, una competencia que sólo tenían las llamadas comunidades históricas (Cataluña, Andalucía, Galicia y País Vasco), que cuentan con su propio ciclo electoral. Pero en ese caso se mantenía que el mandato de la nueva Asamblea finalizaría cuando debiera hacerlo el de la anterior.

Pero esto cambió con la reforma de 2011. La norma autonómica mantuvo que el Parlamento regional y sus diputados se elegían por cuatro años, pero ya no concretó limitaciones para la duración del mandato en caso de disolución anticipada o falta de acuerdo para una investidura. En su lugar, se remitió a la legislación específica. La Ley electoral extremeña no dice nada al respecto, de ahí que se aplique el Reglamento de la Asamblea.

La incorporación de la posibilidad de disolución anticipada ha llevado a cambios similares en otros estatutos. Sin embargo, sólo Asturias, Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia recogen expresamente que, en caso de disolución anticipada, el nuevo mandato durará hasta el término natural de la legislatura originaria.

El resto de comunidades fija de manera general que las legislaturas durarán cuatro años tras las elecciones. Por ejemplo, Castilla y León se desligó del ciclo anterior tras reformar su estatuto de forma similar a como lo hizo Extremadura.

Para el PP, debe haber coherencia entre el Reglamento de la Asamblea y el Estatuto de Autonomía, que además es una norma de superior jerarquía. Además, recalca que cada cita electoral otorga plena legitimidad a cada Parlamento autonómico resultante. «Consideramos que cada proceso electoral es independiente, y una nueva expresión de la soberanía popular y, por tanto, la Asamblea resultante de una nueva convocatoria electoral debe gozar de plena legitimidad y su mandato debe tener la duración que cualquier otro», recoge en su propuesta. Este jueves se sabrá si el resto de la Cámara comparte esos argumentos.