Los altos cargos de la Junta se inhibirán cuando surja un conflicto de interés

Pero no ha sido así. La Consejería de Presidencia, de la que es titular Abel Bautista y de la que depende el registro de conflictos de intereses, afirma que «las cuestiones que plantea el PSOE sobre este asunto carecen de fundamento», porque «la abstención del alto cargo debe comunicarse llegado el caso y no con carácter previo», explica la Junta. «El PSOE lo debería saber», añade.

La Junta no entra a valorar la situación de los cuatro altos cargos a los que se refiere la petición socialista: el gerente del SES, Jesús Vilés; la gerente del Sepad, Estrella Martínez; el consejero de Economía, Guillermo Santamaría; y el director general de Deportes, Santiago Amaro.

Altos cargos que proceden del sector privado y que, por tanto, de no inhibirse en determinadas decisiones que ahora son de su competencia, incurrirían en conflictos de intereses, según el PSOE, que alega para argumentar su posición la Ley 1/2014 de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la Administración de Extremadura.

Se trata de una normativa aprobada en la legislatura en la que el PP gobernó la Junta, con José Antonio Monago como presidente, que en su artículo 28 dice que «los cargos públicos no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos que afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares de segundo grado o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos». Y concreta que la inhibición «se realizará por escrito y se comunicará al titular del departamento de quien el cargo público dependa o al órgano que le nombre y, para su constancia, en el plazo máximo de un mes, al órgano encargado del registro de conflictos de intereses».

El decreto de Guardiola

Desde la Consejería de Presidencia se asegura que la Junta «cumple escrupulosamente la ley», que los altos cargos se inhibirán en la toma de decisiones cuando surjan conflictos de intereses, pero no antes, porque no es necesario hacerlo con carácter previo, y que, por eso, en cumplimiento de la ley, «se ha aprobado el decreto de la presidenta 35/2023, de 26 de septiembre, por el que se establece el régimen de sustitución en los supuestos de abstención, recusación y, en su caso, de inhibición de miembros de la Junta de Extremadura».

Un decreto publicado hace un mes, que sustituye al que estaba en vigor durante los gobiernos del PSOE, que no introduce cambios significativos y que establece que, en esos supuestos y cuando aparezcan conflictos de intereses, los altos cargos «serán sustituidos, en el ejercicio de sus funciones y competencias, por la persona titular de la consejería que ostente las competencias en materia de Presidencia». En este caso por Abel Bautista y, si el conflicto le afecta a él, «será sustituido por la persona titular de la consejería que corresponda».