Agricultura redactará un estudio sobre cuánto cuesta cultivar tomate en Extremadura
Organizaciones como UPA-UCE acusan a la Consejería de pasividad; Morán pide al Gobierno que cambie la ley de la cadena alimentaria
El Gobierno regional mira al Ministerio de Agricultura y le pide que cambie la ley de la cadena alimentaria. Organizaciones agrarias como UPA-UCE miran ... a la Junta y le acusan de no hacer nada para que los precios del tomate sean más elevados para los productores. Y estos se lamentan pero firman los contratos, que oscilan como ya contó HOY entre los 107 (en las fábricas privadas) y los 115 euros por tonelada (en las cooperativas) en medio de acusaciones a la industria porque dicen que no cubren los gastos de producción.
La guerra de los precios del tomate se recrudece en Extremadura. Pasa cada cierto tiempo, cuando hay que apretarse el cinturón, como en esta campaña, con mucho stock del año pasado y una producción mundial muy elevada. En este contexto, la reunión de ayer del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX), en el que se sientan la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias más representativas, fue un ejemplo de esa crispación latente en el sector tomatero.
Para la consejera Mercedes Morán, la culpa entre otros factores es la de la ley de la cadena alimentaria. «No funciona y hay que cambiarla para intentar que haya precios más justos», dijo, aunque admite que la Administración «no puede intermediar y mucho menos fijar precios», comentó.
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«La ley no regula precios porque la regulación fue eliminada por la UE, y tampoco hay costes de producción de referencia, porque dice que hay tantos costes de producción como agricultores, algo absolutamente inviable», añadió. Como mucho –argumentó– lo que puede hacer la Junta es elaborar estudios sobre el coste orientativo de producción, que en el caso del tomate no ha sido elaborado por la Administración regional. Morán avanzó que, además de uno que está haciendo la Universidad de Extremadura, la Junta hará otro, ya para la próxima campaña.
«Claro que la Junta no puede fijar ni siquiera decir qué precio deben firmar agricultores e industrial, pero sí puede hacer cosas que no ha hecho. Porque no ha hecho nada», criticó en el CAEX Antonio Prieto, de UPA-UCE.
Para él, la Junta no ha redactado aún el estudio de costes orientativos que «puede hacer y colgar en el Observatorio de Precios de Extremadura. Y dijo el año pasado que lo iba a hacer en este. Ni siquiera se ha reunido con las industrias ni con las organizaciones de productores para revisar esos costes. Lo que debía hacer la Junta al menos es pedir a la Agencia de Información y Control Alimentarios que investigue esos contratos firmados a 107 euros por tonelada, porque las cuentas no salen».
Mientras, Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres, se mostró contrario a la ley de la cadena alimentaria «porque no sirve para nada. No para poder tener precios justos. Pero al menos que se hagan estudios para que digan cuánto cuesta más o menos la producción».
Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura ha hecho el único estudio que ha salido a la luz sobre el coste medio del tomate. Fue de 114,7 euros la tonelada en 2024. Un estudio «que recoge de forma rigurosa todos los datos analizados y aportados por sus organizaciones de productores y cooperativas asociadas». Por eso las industrias asociadas a Cooperativas han cerrado la contratación de para esta campaña a 115 euros.
PSOE y Unidas denuncian que el Ejecutivo no ha mediado siquiera
El PSOE mostró ayer su preocupación por los precios del tomate, que –dijo su portavoz regional, Isabel Gil Rosiña– harán perder dinero a los agricultores en esta campaña. «La Junta y la consejera (Mercedes Morán) no han dicho ni pío mientras se estaba fijando un precio que conlleva pérdidas para nuestros agricultores», denunció Rosiña. Para la portavoz socialista, «el gobierno de Guardiola está preocupado porque las eléctricas no paguen impuestos en Extremadura pero de los agricultores no dicen ni pío», mientras, explicó, existe la ley de la cadena alimentaria para activar el Observatorio de Precios, cuya función es hacer informes objetivos para ayudar en la negociación como ya se hizo con la cereza y la ciruela.
«¿Dónde está la consejera de Agricultura en todo esto?, se preguntó. «Seguro que está presidiendo el Consejo Asesor Agrario solo para hacerse la foto mientras que podría haber actualizado al menos el informe de los precios del tomate», finalizó.
Por su parte, Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, señaló que desde que el PP está al frente de la Junta «no se ha publicado ni un coste de producción oficial» para evitar los abusos de las grandes empresas y los intermediarios a los productores extremeños.
De Miguel expresó que los precios fijados en los contratos del tomate están «por debajo del coste de producción debido a la insumisión del PP a la ley de la cadena alimentaria». Y recordó que la Junta puede mediar «entre las partes como ha hecho el gobierno de Castilla y León con el sector lácteo».
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