Las administraciones flexibilizan poco a poco la atención sin cita previa

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pretende que el funcionario vuelva a atender cara a cara y sin haber concertado día y hora. El sindicato mayoritario en la Administración Pública en la región, CSIF, también cree que debe ser así y espera que se pongan medios para ello.

Mientras se concretan los planes del Gobierno, en Extremadura la cita previa para hacer algún trámite administrativo ya no es obligatoria en algunos sitios, pero en otros sigue siendo necesaria. La normalidad postpandemia se basa hoy en un sistema mixto regulado de diferente manera en cada Administración, por lo que el ciudadano no sabe siempre a qué atenerse.

En el caso de la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Hacienda existe cita previa en los Servicios Fiscales. No se necesita en cambio en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en las de Tributos (Recaudación). En cuanto a los Servicios Fiscales, se elimina la obligatoriedad de pedir cita, «aunque los contribuyentes podrán seguir solicitándola cuando quieran realizar un trámite y tener una previsión de atención en una franja horaria determinada», indican desde la Junta.

Por su parte, el Gobierno central tiene innumerables oficinas dispersas por la comunidad autónoma. Prácticamente en todas existe la cita previa, como muestran los carteles de la entrada, aunque si hay hueco en algunas atienden al llegar.

En el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Badajoz, por ejemplo, predomina la cita previa, pero hay personas que si llegan a primera hora son atendidas tras hacer una cola. Además, reservando en Internet antes de las diez de la mañana es altamente probable que te den cita presencial esa misma mañana, aseguran en la entrada. En cualquier caso, es común que el funcionario anime y asesore al ciudadano a obtener un certificado digital que le habilita a hacer gestiones desde el ordenador de su casa.

En la Tesorería de la Seguridad Social, donde hasta hace un par de años se hacía cola en la calle, se sigue avisando de que hay que tener cita previa, pero si hay suerte se puede coger turno y ser atendido prácticamente en el momento para algunos trámites. Sin embargo, para otros que antes de hacían recibiendo al público, esto ya no es posible desde 2020.

En la Dirección General de Tráfico, en Badajoz, hay fuera un cartel explicando que solo se atiende con cita previa, pero una vez dentro, a través de la máquina que expide turnos, también se permite acceder a la ventanilla sin cita esperando un poco más.

Otra oficina que ha flexibilizado su acceso es el Registro Civil, donde hasta hace apenas dos años era imposible acceder sin haber reservado día y hora y en ocasiones esta se daba para varia semanas. En la actualidad atiende sin concertar cita de nueve de la mañana a una de la tarde.

En la delegación de Hacienda, en cambio, trámites que hasta 2020 se podían hacer cogiendo turno en la oficina hoy es imposible. Aquí hay más quejas. «Si es un trámite rutinario de recaudación o censal no suele haber problemas y te dan cita de un día para otro, pero si es más técnico tienen asignados dos días en semana y puedes irte a siete o quince días para que te atiendan», apuntan desde una asesoría de Badajoz que prefería el sistema antiguo previo a las medidas anti-covid.

Con el certificado digital y determinadas claves el Estado pretende que cada vez más acciones administrativas puedan hacerse desde casa. Cuenta Rosa Rebolledo, al frente de la asesoría y consultoría de empresas First Capital Investment, que trabaja con administraciones de Badajoz y Cáceres, que algunos avances telemáticos han venido bien para el trabajo de los profesionales que han de despachar a diario con la Administración. Aunque a veces echen de menos hablar directamente con el funcionario que lleva su documentación, sí ve positivo que se hayan abierto canales específicos para asesorías, los cuales han mejorado en el último año.

Pero en cambio ha observado que la Administración está cada vez más lejos del ciudadano de a pie. «Está claro que los funcionarios atienden ahora a menos personas. Desde que se han reorganizado con la excusa de la pandemia han mejorado su vida y ven cada vez a menos público». Rebolledo pone el ejemplo de la Delegación de Hacienda en Badajoz. «Para la firma electrónica que le interesa a Hacienda puedes ir cuando quieras, pero para trámites de IVA, el IRPF, Sociedades y otros impuestos solo te atienden dos o tres días a la semana y durante dos horas cuando no me creo que haya tanta demanda. Todos los organismos, la Tesorería de la Seguridad también, han aprovechado las restricciones de la pandemia para cerrarse un poco y ahora tener que atender lo menos posible al público», afirma.

En el sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios de Extremadura, lo tienen claro. «La cita previa se instauró con el covid como medida excepcional para una situación de emergencia. Si la situación que dio lugar a ella desaparece lo lógico sería que la cita previa hubiera desaparecido. Pero la Administración tiende a acomodarse y así enmascara la falta de recursos humanos y de reposición de efectivos», decía esta semana Alonso Torres, responsable autonómico de Administración General del Estado del sindicato CSIF.

Para Torres, la cita previa, incluso la instaurada antes de la pandemia, «habría que erradicarla porque la Administración debe ser un espacio abierto al ciudadano». En su opinión –prosigue– (la cita previa) es una barrera para colectivos sensibles, especialmente las personas mayores. «Hoy la cita previa se produce para atender a gente en materias muy sensibles como las pensiones, la jubilación, el desempleo o prestaciones. Y cuando el ciudadano viene a ser atendido llega frustrado porque a lo mejor lleva una semana esperando».

Por todo lo anterior, desde CSIF creen que habría que volver al sistema anterior, cuando predominaba la atención presencial sin reservar cita. «(La cita previa) es una media injusta porque desvirtúa el sentido del trabajo del funcionario público. Produce desafección entre el ciudadano y la Administración y genera malestar. Y además produce una brecha digital importante porque hay gente que tiene que tener una aplicación en su móvil o llamar a un teléfono que nadie coge». Según su razonamiento, suena bien lo que propone el ministro Escrivá, «pero de momento es una declaración de intenciones que ya veremos en qué se queda».

En Extremadura, en muchas administraciones con servicio de cara al público, aún hay rastro de la pandemia. No se trata solo de la mampara transparente que no ha desaparecido del mostrador. En algunos accesos permanece en forma de cartel amarillento con normas de aforo y separación de personas; en otras indicando que solo se atiende con cita previa, aunque la realidad sea más flexible.

Esto último es lo que el Gobierno quiere erradicar. La reflexión del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, es que la imposibilidad de que te atienda un funcionario de manera directa supone levantar una barrera directa con el ciudadano, la cual margina a personas mayores y otro tipo de población vulnerable, por ello quiere eliminar la cita previa obligatoria que se instauró en la pandemia. Escrivá defendió el pasado 31 de enero el «acceso de los ciudadanos a los servicios público por el canal que cada uno elija y piense que es el más adecuado». De todos modos, apuntó que la eliminación de la cita obligatoria requiere de un cambio normativo en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El confinamiento para contener el coronavirus se decretó en marzo de 2020. En los meses siguientes se fueron flexibilizando las medidas que se impusieron para evitar aglomeraciones. En octubre de 2021 ya se permitía usar la barra de los bares y completar los aforos de cines y estadios, por citar dos tipos recintos que tenían restricciones parciales. En cualquier otro tipo de negocio, como tiendas y supermercados, el acceso ya era libre. en cambio, en aquel momento los funcionarios de la Administración seguían atrincherados tras sus ventanillas y existían varios protocolos que impedían la vuelta a la normalidad. En aquel momento de finales de 2021 esto llegó a la esfera política extremeña al denunciar Ciudadanos que muchas personas se las veían y deseaban para ser atendidos. Entonces desde la Junta de Extremadura defendían la cita previa en cualquier oficina pública donde no se pudiera garantizar al ciudadano que tendrá sitio al llegar.