Absueltos la veterinaria y los dueños de perros acusados de sacrificar animales

La Fiscalía apreciaba inicialmente 39 delitos de maltrato animal por los que pedía 15 meses de prisión por cada uno. Para la veterinaria, como presunta responsable de todas las muertes, reclamaba más de cincuenta años de cárcel por sacrificar perros sanos y por falsedad documental en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura. Para los dueños de los animales solicitaba penas de hasta diez años de cárcel en función del número de ejemplares fallecidos.

Además, participaron como acusación la Federación Extremeña de Caza, el Colegio de Veterinarios, Ecologistas en Acción y las asociaciones protectoras Adana, SOS 112 Vagabundos, SOS Perrera Badajoz y El Refugio. Las penas solicitadas eran similares en la mayor parte de los casos pero elevaban a 41 el número de animales muertos.

A la conclusión del juicio, en el que todos los implicados negaron los hechos, la Fiscalía retiró la acusación contra nueve de los once propietarios de animales y solo la mantuvo para la veterinaria y dos de los dueños. Al reducir el número de perros supuestamente sacrificados, la petición de condena para la profesional se rebajaba a 16 años y cinco meses.

Estos cambios ya apuntaban que la acusación perdía consistencia. Para la jueza no ha quedado acreditado que la veterinaria participara en los hechos que le imputaban ni que los dueños de los perros acudieran a su consultorio para deshacerse de los animales. Tampoco considera probado que la acusada estaba obligada a comprobar la causa y fecha de la muerte de los canes antes de tramitar la baja en el registro autonómico.

Según recoge el fallo, las pruebas son insuficientes. Para ello resulta clave que no se conceda validez a las primeras declaraciones de dos de los propietarios de perros, quienes ante la Guardia Civil señalaron que habían acudido a la veterinaria para sacrificar a sus animales. Las defensas solicitaron que no se tuvieran en cuenta porque fueron tomadas como testigos, y por tanto con obligación de decir la verdad, cuando ya había indicios suficientes para que declararan como investigados, lo que supone el derecho a guardar silencio y a contar con asistencia letrada. La jueza decreta su nulidad por una «manifiesta vulneración del derecho fundamental de defensa».

La sentencia extiende esa nulidad al resto de diligencias practicadas después, ya que considera que no existe otra fuente de la que parte la investigación. Como recoge, a partir de ese momento se revisó la labor de la veterinaria y la estadística de perros dados de baja. Y a partir de esos datos se llegó al resto de acusados, aunque ninguno reconoció los hechos imputados.

El fallo reseña que incluso se produjo otra vulneración al tomar declaración como testigo a otro propietario que acabó como investigado tras afirmar que pidió a la veterinaria que sacrificara ocho perros porque no servían para cazar. En el juicio los dos dueños, contra los que la Fiscalía mantuvo su acusación hasta el final, señalaron que habían dado esa versión porque pensaban que así no les pasaría nada.

Olga Monge, la abogada de la veterinaria declarada absuelta, muestra su sorpresa por que las acusaciones se mantuvieran hasta el final del juicio, especialmente la ejercida por el Colegio de Veterinarios de Badajoz frente a su colegiada.

«Mi cliente hizo uso de la última palabra para manifestar al tribunal el difícil camino recorrido y la indiscutible pena natural que ha sufrido, que la sentencia absolutoria va a reparar en parte pues es muy difícil que todo el daño infringido puede ser reparado», añade.