Unos 6.400 extremeños tienen jornada reducida para cuidar familiares

Una situación en la que actualmente se encuentran 6.400 extremeños, que según los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa) facilitados por Opina 360 relativos al segundo trimestre del año son los ocupados en la región que tienen una reducción de su horario para el cuidado de hijos o de otros familiares.

El fallo en la normativa se generó con la introducción de una disposición relativa a las trabajadoras víctimas de violencia de género en dicha ley. Disposición que se redactó sobre un texto desactualizado del Estatuto de los Trabajadores, eliminando 'de facto' el blindaje que los empleados mantenían hasta ahora ante ese tipo de despidos por acogerse a casos como el permiso de cinco días o por adaptar su jornada laboral por causas de conciliación.

«Es un error técnico que se ha producido contra la voluntad de todos los que hemos participado en su desarrollo», reconocía hace unos días la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien tachaba la situación de «lamentable». Redondo recordó que ya se está trabajando para volver a modificar la norma y subsanar el fallo. Algo que no podrá ocurrir, al menos, hasta septiembre, cuando se reactive la actividad parlamentaria.

Fuentes del Ministerio de Trabajo ya indicaron a este diario que «los derechos de los trabajadores estarán cien por cien garantizados» y que ninguno de ellos quedará desprotegido ante sus empresas. Es decir, esos despidos seguirían siendo nulos, amparándose en el principio de indemnidad del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe cualquier actuación o represalia de la empresa contra alguien que haya ejercido sus derechos laborales. «La Inspección de Trabajo hará uso de sus facultades con el máximo rigor para evitar cualquier discriminación en el ámbito laboral», aseguran.

Sin embargo, insisten en que no habrá una tramitación parlamentaria extraordinaria para subsanar el error. Hasta que se solucione el conflicto, y si se produce un despido por alguna de las causas de cuidados o conciliación, correspondería al trabajador probar en los juzgados que el cese laboral deriva de una acción de su empresa. En caso de ganar en los tribunales, la empresa debería pagar la indemnización correspondiente por un despido improcedente, pero el mismo no se declararía nulo de inmediato, como ocurría hasta ahora.

A día de hoy, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Las fuentes consultadas descartan, en todo caso, un impacto significativo en los juzgados, recordando que el fallo en el texto no afectaría a casos de reducción de jornada por maternidad o paternidad, protegidos también por el Estatuto de los Trabajadores.