La Junta solo recibe el 11% de las peticiones de ayuda que esperaba para pagar la luz

Había cerca de cinco millones de euros disponibles y tan solo se va a utilizar una fracción de ese dinero. Aún no se sabe exactamente cuánto porque siguen llegando certificaciones de gasto, pero las ayudas autonómicas a suministros de mínimos vitales puestas en marcha estos dos últimos años para luchar contra la pobreza energética se pueden calificar ya de fracaso. Baste decir que la Junta ha recibido tan solo unas 3.000 solicitudes de las 27.000 que esperaba cuando puso en marcha el programa. Supone el 11%.

¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Acaso no hay tantas personas en la región que no puedan pagar el recibo de la luz y el agua? Por supuesto, sí que las hay, y muchas. Lo que pasa es que la mayor parte de ellas ha optado por otras vías en lugar de recurrir a las ayudas de la Junta. El motivo principal es que el decreto que regulaba los mínimos vitales establecía una serie de limitaciones que hacían que, en la práctica, no se resolviera el problema a las familias necesitadas porque cubría únicamente la parte de la factura correspondiente al consumo, y sólo hasta seis kilovatios hora por hogar.

La Iglesia ha sido la institución que, en la práctica, ha estado paliando la situación de pobreza energética que sufren muchos hogares de la región. Lo hace desde la base, ya que las parroquias de los barrios desfavorecidos pagan a menudo facturas de quienes acuden pidiendo ayuda, y sobre todo a través de Cáritas. La Fundación Amancio Ortega dona anualmente 10 millones de euros a esta institución diocesana para luchar contra la pobreza energética, un dinero que va directamente a pagar recibos eléctricos de familias necesitadas. La expresión «yo pago la luz gracias al señor de Inditex» es ya de uso común en algunos barrios populares de la región.

Las familias acuden a Cáritas, las parroquias, y otras organizaciones humanitarias como Cruz Roja o Mensajeros de la Paz, porque saben que allí les ponen menos trabas burocráticas y además reciben el importe total del recibo, lo que les permite cancelar la deuda con la compañía eléctrica. Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en un reciente informe elaborado por los servicios sociales de base de Plasencia para tratar de explicar por qué se habían recibido en el Ayuntamiento tan pocas solicitudes de ayuda de mínimos vitales. De hecho, Plasencia se ha quedado tan solo con 5.000 de los 60.000 euros del dinero de la Junta del que disponía este año para ese fin. Y aun así le va a sobrar, puesto que finalmente nada más que ha recibido nueve solicitudes, de las que se han aceptado ocho por un importe total de 1.119 euros. Algo similar ha ocurrido en Cáceres, que apenas ha gastado 14.000 de los 150.000 euros que tenía asignados, y Badajoz directamente ha renunciado a los 250.000 euros que le correspondían. La excepción entre las principales ciudades es Mérida, donde 650 familias se han acogido a las ayudas en la última convocatoria.

No se puede obviar el componente político en lo que ha ocurrido. Cáceres, Badajoz y Plasencia, gobernadas por el PP, son las ciudades que más críticas han lanzado al funcionamiento de las ayudas a mínimos vitales, y de hecho van a devolver a la Junta la mayor parte del dinero que les había correspondido con el argumento de que estaban mal diseñadas. En cambio Mérida, donde gobierna el PSOE, cree que al final hará uso de los 115.000 euros que le corresponden, y su Ayuntamiento asegura que desde que las ayudas se pusieron en marcha en 2015 se han beneficiado de ellas «unas 2.500 o 2.600 familias» en total.

Eficacia

Desde la Junta de Extremadura consideran que en la eficacia de las ayudas ha tenido mucho que ver el interés puesto por cada uno de los ayuntamientos para tramitarlas adecuadamente y darlas a conocer entre los sectores de población necesitados, que muchas veces no tienen acceso a los canales habituales de información. En todo caso, el ejecutivo autonómico ha aprobado a mediados de diciembre un nuevo decreto de mínimos vitales para 2017 dotado con 4,5 millones de euros, en el que rectifica algunos de los aspectos más criticados del anterior.

La directora general de Política Social, Infancia y Familia, Carmen Núñez, detalla los principales cambios. El más importante es que ahora la ayuda sí va a cubrir la totalidad de la factura, y no solo la parte correspondiente al consumo. Se elimina además el límite de seis kilovatios hora y del número de facturas atrasadas que se pueden presentar. La criba de los solicitantes se llevará a cabo atendiendo a los ingresos y al número de miembros de la unidad familiar. Otra novedad relevante es que las ayudas no se entregarán a los solicitantes, sino que la Junta pagará directamente a las compañías de suministros. Se añade el gas a las facturas objeto de ayuda que hasta ahora eran únicamente para las de electricidad y agua, pero no así el butano.

También cambia el mecanismo de solicitud, que no tendrá plazos para los usuarios. Sí saldrá una convocatoria cerrada para que los ayuntamientos pidan las subvenciones que les corresponden, pero después estarán abiertas en cada localidad para las familias, que podrán solicitarlas durante todo el año.