España reitera a Bruselas que ampliará los años cotizados para calcular la pensión

En el documento, el Ejecutivo apunta a que durante este año «se avanzará en la reforma de las pensiones». Y lo hará para «modificar» el «periodo de cómputo de la pensión de jubilación», así como el sistema de cotización de los autónomos y la base de cotización máxima. El compromiso supone la segunda parte de la reforma cuyo primer capítulo fue aprobado en el Congreso a finales del pasado año y supuso, entre otras medidas, la revalorización de las prestaciones conforme al IPC medio del último año.

Después de varias polémicas en torno a cuántos años computará la Seguridad Social para calcular la pensión –desde el pasado 1 de enero ya son 25 años– y su efecto en la cuantía, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha insistido siempre en que el objetivo es «mejorar la situación de personas cuyos últimos años no son los mejores».

El Plan de Reformas remitido a la Comisión Europea no recoge grandes novedades en materia impositiva, más allá de reiterar el compromiso para revisar el impuesto de matriculación y circulación e impulsar la fiscalidad verde (gases fluorados e hidrocarburos). Sin embargo, el contexto actual de precios disparados en los combustibles no ha permitido poner fecha a la medida. Como tampoco a la esperada reforma fiscal, paralizada ante el nuevo escenario surgido con el estallido de la guerra.

De hecho, el Gobierno explica en el documento que la estrategia fiscal presentada hasta 2025 se plantea «en un contexto de ausencia de medidas, salvo las relacionadas con reducciones de impuestos energéticos o ayudas extraordinarias por la guerra de Rusia».Es decir, hasta que pase ese año no se implementaría la reforma fiscal. Sería difícil hacerlo en un escenario que ya ha obligado al Ejecutivo a un severo ajuste en sus previsiones del PIB para este año, pasando del 7% al 4,3%.

Frente a ese frenazo económico, el gran reto es mantener la senda de ajuste fiscal necesaria para sanear las cuentas públicas y no ser tan vulnerables frente a futuras crisis. Pues bien, el Programa de Estabilidad mantiene el objetivo de déficit del 5% que ya estaba previsto. Y lo hace porque el Gobierno confía en que la buena inercia de la recaudación en 2021, cuando los ingresos aumentaron un 15%, se mantenga este año con una subida del 7,4%.

Montero defendió que la reciente mejora en la recaudación «se debe en un 80% al crecimiento económico y a la creación de empleo, que ha dado lugar a un aumento de los ingresos por IRPFy cotizaciones sociales», frenando así las críticas que apuntan a que el principal factor que está impulsando los ingresos es simplemente la inflación.

Las previsiones apuntan a que, si se cumplen estos objetivos, el déficit seguirá a la baja para cerrar 2023 en el 3,9%. Yen el 3,3% al año siguiente. Ya sería en 2025 cuando, con una referencia del 2,9%, el déficit se situaría por debajo del límite del 3% que establecen las reglas fiscales de Bruselas, que permanecen suspendidas desde 2020 y que previsiblemente se reformarán de cara al próximo año.

En este contexto de crecimiento (aunque menor de lo esperado) y reducción del déficit, la deuda pública descendería al 118,4% del PIB en 2022 y al 115,2% en 2023, según consta en el plan remitido a Bruselas. La ratio seguiría el camino descendente hasta situarse en el 109,7% en 2025.