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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. EFE
Ana Botín declarará como testigo por la quiebra del Popular

Ana Botín declarará como testigo por la quiebra del Popular

Lo hará el 28 de mayo en el marco de la instrucción de la Audiencia Nacional sobre el último año de vida del banco, que adquirió el Santander hace tres años

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Martes, 25 de febrero 2020, 14:26

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, para que declare en calidad de testigo el próximo 28 de mayo en la causa que investiga el último año de vida del Banco Popular, cuando se encontraba presidido por Ángel Ron y definitivamente por Emilio Saracho durante los tres últimos meses.

La citación de la presidenta del Santander se produce en el contexto que se dio a mediados de 2017, cuando este banco fue el que adquirió al Popular tras su intervención y liquidación por parte de la Junta Única de Resolución.

En una providencia fechada este martes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 emplaza además al que fuera presidente del Santander España cuando la entidad se hizo con el Popular, Rodrigo Echenique, para el próximo 4 de junio, igualmente como testigo. Ambas comparecencias, explica el juez, han sido solicitadas por una de las acusaciones particulares.

Estas peticiones de comparecencia como testigos se unen a las que también progatonizarán el vicepresidente del BCE (ministro de Economía cuando Popular quebró hace tres años), Luis de Guindos, quien acudirá a la Audiencia Nacional el próximo 2 de abril. Por su parte, el 11 de marzo comparecerá el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, con la misma condición y por idéntico motivo, mientras que los días 4 y 18 de marzo respectivamente, está prevista la asistencia como testigos de la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, y del actual presidente de esta institución, Sebastián Albella.

El 'caso Popular' se encuentra en plena fase de instrucción en la Audiencia Nacional e intenta dirimir cómo fue la gestión de Ron y Saracho durante sus respectivas presidencias, que abocaron al banco a la resolución. Ron está imputado en la causa desde que en octubre de 2017 la Audiencia Nacional aceptó la querella interpuesta entre otros contra él, por presuntos delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida. Ron declaró ante el juez a finales de octubre del año pasado.

Por su parte, el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, está siendo investigado en una pieza separada de la causa porque fue querellado por un presunto delito de alteración del mercado en relación a la filtración de informaciones que habrían perjudicado la cotización durante los 108 días que estuvo al frente.

La investigación sobre la crisis del Popular comienza en los hechos ocurridos a mediados de 2016, cuando la cúpula liderada por Ángel Ron decidió lanzar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Aquella operación, en la que después se vieron atrapados miles de inversores, derivó en varios cambios en el consejo de administración y la salida definitiva de Ron en febrero de 2017.

Durante segundo trimestre de aquel año, con Saracho ya en la presidencia, hasta que definitivamente se resolvió a la entidad por parte de las autoridades, el banco perdió 16.347 millones de euros en depósitos, a razón de 80 millones de eruso al día, según el informe realizado por los peritos del Banco de España sobre la crisis de la entidad.

Esta salida de dinero, motivada en la gran desconfianza tanto de inversores como de ahorradores, se agudizó el día 5 de junio, cuando los clientes del banco retiraron la cifra récord de 2.600 millones de euros. La fuga fue seguida de otras retiradas de 2.100 millones de euros el día 6 de junio, lo que provocó que el banco se quedara sin la liquidez suficiente atesorada en el Banco de España para hacer frente a los 1.300 millones de euros cuya retirada había sido presolicitada para el día siguiente.

Esta fue la principal causa que llevó a la intervención y posterior subasta del grupo, según los peritos. En la noche del 7 de junio, Santander fue la entidad que optó por adqurir el banco por la cantidad simbólica de un euro. Desde entonces, ha integrado completamente al banco en su estructura tras haber aplicado un ERE de 3.000 empleados y el cierre de más de un millar de sucursales que se solapaban durante 2019.

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