La Secretaría descarta conflicto de intereses del edil de Urbanismo de Cáceres: «No consta beneficio particular»

Este informe responde a una consulta realizada por el concejal del PSOE Alberto Serna sobre si Tirso Leal López debía haberse abstenido en las votaciones y decisiones relacionadas con la modificación del Plan General Municipal del sector S8.01 'Capellanías II', debido a un posible conflicto de intereses por la participación indirecta de su cónyuge en una empresa con terrenos en la zona.

El informe concluye que no hay conflicto de intereses, ya que la cónyuge del concejal tiene solo un 10% de participación en una empresa que, a su vez, participa en otra que es propietaria de los terrenos, por lo que «no se considera que exista un interés personal directo ni obligación legal de abstención».

Señala además la Secretaría que esta modificación urbanística «persigue un interés público claro», al buscar suelo industrial para facilitar la instalación de empresas y generar empleo en Cáceres. Recalca en ese sentido que no se han detectado beneficios particulares para el concejal o su familia. Concluye por lo tanto que no concurre causa legal de abstención por parentesco, ya que la cónyuge no es administradora de la empresa afectada. Aclara también que, incluso si se entendiera que existía una causa de abstención, la intervención del concejal no fue determinante en la votación, por lo que no afectaría la validez del acuerdo.

El informe es tajante al asegurar que Tirso Leal no estaba obligado legalmente a abstenerse en la tramitación, votación ni debates relacionados con la modificación urbanística, ya que no existe un beneficio personal directo ni una intervención decisiva en los acuerdos adoptados.

La petición que cursó el edil del PSOE Alberto Serna en la Comisión de Urbanismo del 8 de mayo, tres días después del pleno en el que Leal se ausentó y evitó votar por ese posible conflicto, pretendía conocer «si el señor concejal de Urbanismo ha estado en conflicto de intereses de presidir los debates y votar en las comisiones (...)» y si ello era extensible a la Junta de Gobierno o también a la dirección del debate en la sesión plenaria del 5 de mayo. El secretario general menciona cinco referencias normativas y hace alusión a la jurisprudencias existente. Una de sus conclusiones es que los miembros de la Corporación, «como el resto de los ciudadanos residentes en el municipio pueden ser propietarios de terrenos» afectados por cambios urbanísticos sin que ello, precisa, implique que se deban abstener. Prevalece el interés institucional y no hay, refrenda, «un interés concreto patrimonial».

Otro argumento es que no se produce una recalificación del suelo. «Dicha modificación no reclasifica los terrenos integrados en el sector, que siguen manteniendo su clasificación de suelo urbanizable». Además, completa, de la misma «no se deriva en principio un especial beneficio o ventaja personal».

En otro de los párrafos, el documento prosigue: «no existiría el deber de abstención por esta causa, dado que su cónyuge solo es titular de parte del capital de una empresa que a su vez es propietaria de los terrenos, salvo que fuera administradora de la empresa, en cuyo caso, existiría dicha causa de abstención».

«Si la actuación urbanística no se desarrolla por criterios de especulación, en la que prevalece el interés publico sobre los intereses privados, y además, no conlleva un beneficio o ventaja económica particular, no existe obligación legal de abstenerse», detalla el informe de la Secretaría. Finalmente, insiste en descartar todo interés especulativo, ya que «no consta que esta operación reporte un beneficio particular al concejal delegado o sus familiares con respecto al resto de propietarios afectados, en cuanto que, según informe técnico de la señora directora de la Oficina de Desarrollo urbano, el valor de los terrenos objeto de permuta o expropiación será a precio de suelo rústico y no a precio urbano».

El Gobierno municipal del PP ha reaccionado con rapidez al informe. «Se refleja de forma contundente y con una extensa argumentación jurídica que no existe motivo de abstención por la relación de parentesco», ha destacado el portavoz del Ejecutivo que preside Rafael Mateos, Ángel Orgaz. El informe tiene una extensión de 10 páginas y tras conocer el mismo, desde el PP se insiste en un mensaje: «Pedimos que el PSOE rectifique y se retracte».

El PSOE, a través de su portavoz, Belén Fernández, pidió el cese de Leal y anunció que estaba dispuesto a acudir a la Fiscalía por un posible «ilícito». El grupo socialista lamentó que la ampliación de suelo industrial en Cáceres llevó al Ejecutivo del PP a cambiar la ubicación. Frente a la zona en la que se había trabajado previamente se apostó por el sector en el que figura el terreno vinculado a la familia política del edil.

El Gobierno menciona el argumento jurídico que avala la Secretaría General municipal de que «no existe motivo de abstención alguno relativo a la relación de parentesco por consanguineidad». Añade que «aunque hubiese habido motivo de abstención, no implicaría la invalidez de los actos en que hubiese intervenido el concejal, pues su votación no fue determinante para su aprobación».

También se da respuesta a una de las posibilidades que había barajado otro grupo, Unidas Podemos, que planteó recurrir todo el proceso por considerar que estaba viciado al haber participado Leal en votaciones anteriores como la de la Comisión de Urbanismo. No ocurrió lo mismo en el pleno, en el que se ausentó.

«Aunque hubiese sido así no habría causa de nulidad. Su votación no era determinante», destaca Orgaz. Ahora el Gobierno exige que el PSOE «rectifique públicamente y pida perdón» . Cree que Leal «ha demostrado su honradez, su deseo de que hubiera máxima transparencia en todo el proceso y su ejemplaridad», concluye.

Orgaz exige a Belén Fernández que se disculpe «por tratar de faltar al honor a Leal y se retracte». En una primera valoración, desde el PSOE indican que el único informe del que disponen es el de la inexistencia de incompatibilidad de Leal, de Secretaría General pero del año 2023. «Nos sentimos indignados. Seguimos sin tener el informe. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses cuando alguien actúa en favor de su mujer, de su cuñado y socio?», se pregunta Belén Fernández, que espera el documento para «estudiarlo detenidamente».

El PSOE pondrá el texto en manos de especialistas jurídicos para que lo analicen, pero se mantiene en su versión de que se ha producido un conflicto de intereses a la vista de lo que establece la normativa vigente, a la vez que se produce «un sesgo claro cuando solo se hace referencia a vínculos de consanguineidad», pese a que la Ley, recuerda Fernández, también alude a cuestiones como amistad, afinidad o intereses profesionales. En las filas socialistas estaban sorprendidos por el hecho de que horas después de conocerse el contenido del informe, del que el Gobierno dio cuenta en un comunicado, no s eles había hecho llegar el mismo.

«Este señor no está capacitado para seguir siendo concejal de Urbanismo. Pondremos los hechos en conocimiento de la Fiscalía», zanja la concejala del PSOE.