Salvemos la Montaña anuncia nuevas movilizaciones contra la mina de Cáceres

Ha sido este martes cuando el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado conceder la declaración de Proyecto empresarial de interés autonómico (Premia) a la iniciativa presentada por Infinity Lithium. Salvemos La Montaña califica la decisión de «irresponsabilidad» y lamenta que la Administración autonómica haya puesto «una alfombra roja a una mina contaminante, a un megavertedero tóxico y a una planta química altamente contaminante que estarán a tan solo un kilómetro de Cáceres, condenado a la ciudad y a quienes vivimos en ella», han expresado en un comunicado.

La Plataforma indica que ha pedido a la Junta el acceso a la documentación relacionada con la tramitación del proyecto y ha anunciado nuevas movilizaciones para manifestar su rechazo a la mina de litio. «Que den por hecho que volveremos a las calles. Será una vez más la ciudadanía organizada la que defienda a la ciudad de su destrucción y de la escandalosa connivencia y falta de pudor de Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres», destacan.

La primera acción la llevarán a cabo este domingo, a partir de las 11 de la mañana, cuando el colectivo encenderá 100 velas en las escaleras del ayuntamiento de Cáceres «para poner luz donde quieren imponernos la oscuridad».

Además, no descartan llevar a los tribunales el asunto.

«Esta decisión de la Junta, presidida por la cacereña María Guardiola, pone en serio riesgo la salud de la población, el abastecimiento de agua, los valores culturales y ambientales de la Sierra de la Mosca y hasta la estabilidad del Calerizo, lo cual pone a su vez en peligro a una tercera parte de suelo urbano de nuestra ciudad y a yacimientos y cuevas de la importancia de Maltravieso, Santa Ana y el Conejar, que deberían ser preservados», aseguran.

Para la plataforma, las administraciones están premiando a este proyecto minero perjudicando, a su parecer, la imagen de Cáceres, «una ciudad con una calidad de vida envidiable, y que presumía de proteger su patrimonio cultural y natural, que tantos beneficios (también económicos) reporta cada año. Beneficios palpables, que se quedan aquí y sin impacto negativos, bien distintos de lo que supondría la expoliación del valle de Valdeflores», puntualizan.

«Quienes decían que el rigor técnico iba a velar por los intereses de la ciudadanía de Cáceres, dan su amparo a un proyecto sin solvencia económica y fuerzan la maquinaria para agilizar su tramitación. Pretenden pasar por encima de nuestra ciudad como una apisonadora», añade la nota en la que se pregunta «¿Dónde están las garantías que merecemos ante una amenaza histórica y de repercusiones durante generaciones como ninguna otra hemos sufrido?».

Asimismo, asegura que «sería impensable» que el presidente o presidenta de cualquier otra comunidad autónoma de España «diera un paso por la puerta de atrás a una mina de estas características en cualquiera de las ciudades de su comunidad». «En Extremadura, los intereses de quienes nos quieren mantener como zona de sacrificio son los que marcan el ritmo y la agenda política», recoge la nota.

En este sentido, la plataforma recuerda que el expresidente Guillermo Fernández Vara dio el primer paso con el Decreto-Ley 5/2022, «declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional», y «ahora toma el relevo María Guardiola, declarando el proyecto de la mina como de interés regional a sabiendas de que no solo los beneficios del litio no quedarían en nuestra región, sino que nunca compensarían el daño que sufriríamos; solo quedará la destrucción a perpetuidad de su ciudad».

La plataforma recuerda que la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha considerado que el proyecto es susceptible de aspirar a la concesión de una explotación directa, dando por válidos unos datos sobre la presencia de litio en nuestro subsuelo obtenidos, «unos de forma ilegal y otros burlando la ley, cuando en diciembre del año pasado se abrieron por sorpresa cuatro pozos de sondeo en la finca de El Castúo y que dicha empresa dijera que no tenían nada que ver con ellos».

«Los avances que se están dando en las administraciones públicas en la tramitación de este proyecto suponen una apuesta violenta contra los principios de precaución y de seguridad jurídica, ya que van en contra de las leyes actuales y contra sentencias de tribunales», asegura la plataforma.

Por todo ello, Salvemos la Montaña cree que la Junta de Extremadura «actúa de este modo contra el interés, la salud y el Patrimonio de los cacereños y cacereñas con una decisión que demuestra muy pocas miras de sostenibilidad, promoviendo un modelo de desarrollo que carece de lógica al estar ubicado a las puertas de la ciudad, contribuyendo a frenar y dificultar iniciativas realmente sostenibles al hipotecar el terreno de por vida para otros usos».

Asimismo, apuesta por un futuro sostenible para Cáceres y exhorta a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento cacereño a «reconsiderar esta decisión que amenaza la vida y el bienestar de nuestra comunidad y patrimonio».