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El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, (a la derecha) entrando en el Palacio de Justicia por una puerta que no es la principal para evitar a la prensa y manifestantes. armando
Salaya y otros cuatro alcaldes declaran que no recibieron presiones para retirar las cruces

Salaya y otros cuatro alcaldes declaran que no recibieron presiones para retirar las cruces

El juzgado número 3 de Cáceres está investigando si Carlos Carlos cometió los delitos de prevaricación y de odio, de los que le acusa la Fundación Abogados Cristianos

Sergio Lorenzo

Cáceres

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Martes, 21 de junio 2022, 13:33

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Antes de las nueve de la mañana de este martes, el alcalde de Cáceres Luis Salaya entró en el Palacio de Justicia de su ciudad; pero no lo hizo por la puerta principal en donde había siete personas con pancartas de 'La Cruz no se toca', y periodistas y cámaras de distintos medios de comunicación. Lo hizo por una puerta que no utiliza el público normalmente. También entraron por ese mismo lugar otros cuatro alcaldes de la provincia de Cáceres, que han prestado declaración como testigos en el Juzgado número 3 de Cáceres, en donde se está investigando si el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, pudo cometer un delito de prevaricación y otro de odio, ya que la Fundación Española Abogados Cristianos ha denunciado que presionó a estos alcaldes, asegurándoles que no recibirían subvenciones si no quitaban en sus municipios las cruces que se habían puesto en la época de la dictadura de Franco.

Los cinco alcaldes, todos ellos socialistas, negaron que Carlos Carlos les hubiera presionado de alguna manera. Después de declarar Luis Salaya, lo hizo la alcaldesa de Gargüera, Feliciana Muñoz; la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado; la alcaldesa de Talaveruela de la Vera, María Belén Blanco; y el alcalde de Barrado, Jaime Díaz.

En el mes de marzo de 2021 Abogados Cristianos puso la denuncia y el Juzgado número 3 de Cáceres la archivó el pasado mes de febrero. El mismo juzgado ha tenido que volver a reabrir el caso y seguir la investigación, al así señalarlo un órgano jurídico superior, la Audiencia Provincial de Cáceres en donde habían presentado un recurso Abogados Cristianos. La Audiencia dijo que no se puede archivar el caso sin antes tomar declaración a los alcaldes.

El letrado José María Fernández, de Abogados Cristianos, asegura que hay pruebas suficientes para acusar al presidente de la Diputación de Cáceres. «Desde la Diputación -afirma-, se les ha obligado, primero a catalogar cruces como vestigios franquistas, y después a derribarlas. Hay bandos municipales diciendo que se veían obligados a derribar la cruz de su pueblo para recibir subvenciones. Aseguraban que desde la Diputación se les estaba obligando».

Indica que en los cinco pueblos en el que sus alcaldes han testificado, las cruces fueron resignificadas, «es decir -insiste-, que perdieron su anterior significado de exaltación de uno de los bandos y pasaron a ser simples cruces, como la de Cáceres que ahora tiene una inscripción totalmente democrática e incluso tiene un escudo de España que es el constitucional. Estas cinco cruces, al día de hoy, el único significado que tienen es el cristiano y de reconciliación. No tienen nada que ver con una inscripción con unos yugos y unas flechas. Después de 2.000 años de cristianismo el significado de una cruz queda suficientemente demostrado». El abogado José María Fernández recalca que una cruz no se puede vincular a régimen alguno. «Igual algún día -afirma-, en vez de cruces tenemos símbolos islámicos, y mi asociación no los perseguirá porque también merecen respeto».

La Fundación Española de Abogados Cristianos, afirma que apoyan su denuncia en una sentencia que calificó como delictivo un caso igual que ocurrió en Badajoz. La sentencia es de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superir de Justicia de Extremadura, del 28 de octubre de 2019, y señala que es ilegal vincular la concesión de subvenciones al derribo de cruces.

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