«Llevamos dos meses en la calle y estamos sufriendo»

Joaquín y su familia han estado residiendo en una chabola en Aldea Moret, detrás del colegio Proa, hasta que la infravivienda sufrió un incendio.

Joaquín Suárez cree que es su condición de gitanos es la que les impide alquilar una vivienda en la capital cacereña. «Llamamos a los número de los pisos en alquiler y cuando quedamos con los propietarios y ven que somos gitanos no nos los alquilan», asegura, al tiempo que aclara que su madre y su hermano ingresan una pensión no contributiva con la que podrían hacer frente al pago del alquiler.

Al verse sin opciones en Cáceres, la madre y los dos hermanos se desplazaron a la localidad de Montijo en busca de piso, pero no tuvieron suerte.

Fue al regresar a la ciudad cuando no pudieron ya instalarse en la chabola que querían dejar atrás porque, según afirma, la encontraron quemada.

Sin más alternativas, después de que en el centro Vida de Cáritas no dispusieran de plazas para los tres personas, según su relato, se vieron sin un techo.

En la calle de Nuevo Cáceres llevan varias semanas con los enseres personales apilados en el bajo exterior del edificio. «Va a llegar el invierno y no tenemos donde recogernos. No podemos estar en la calle y menos con el virus, porque van a volver a confinarnos», expone desesperado Suárez, que se ha dirigido al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura para solicitar una vivienda social.

La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, según cuenta el hombre, se acercó con dos asistentes sociales hasta los soportales en los que pasan la noche. El Ayuntamiento indicó a este diario que se les han ofrecido los recursos disponibles «pero no se adaptan a las normas», y que la administración regional, conocedora del caso, es la que gestiona la adjudicación de viviendas sociales.

Precisamente, la Junta de Extremadura se reunió este martes con Joaquín Suárez para entregarle la documentación correspondiente para solicitar un alquiler en una vivienda de promoción pública, según indicó la Consejería de Vivienda.

Mientras tanto, se les ha gestionado un alojamiento de manera urgente dentro de un nuevo programa puesto en marcha el año pasado para prestar asistencia a personas que se encuentran en situación de emergencia o especial vulnerabilidad.

El programa tiene como colaboradoras y beneficiarias directas a organizaciones del tercer sector de acción social y a ayuntamientos. La familia Suárez, según la Consejería, ya ha sido derivada a una de las entidades beneficiarias para que se encargue de dar un alojamiento una vez que se emita un informe social.

Vivienda recuerda que para acceder a este recurso, la necesidad de las personas se debe acreditar mediante un informe del Servicio Social de Atención Social Básica donde se reflejen y valoren las circunstancias personales que aconsejan la concesión de la ayuda.