El juez rechaza parar la selección de personal de la contrata del agua en Cáceres

Canal de Isabel II es la concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad desde 2015. Es, además, la adjudicataria del mayor contrato municipal en vigor, con 24 años de duración y por más de 300 millones de euros. En un auto del pasado 21 de abril, el juez falla que no procede la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la oferta de empleo de la mercantil. La resolución llega en medio de un procedimiento judicial más amplio en el que se mantiene una «reclamación de derechos y cantidad» por parte de seis profesionales, según la comunicación oficial recibida en el Consistorio.

La empresa pública madrileña se opuso en ese procedimiento a la ejecución de la medida cautelar solicitada. La resolución establece que la misma se podría plantear en el supuesto de que no aplicarla provocase un daño mayor una vez finalizado el proceso. Se apunta que «ninguno de los trabajadores afectados por la decisión empresarial (...) consta que sea empleado fijo de plantilla del demandado, lo cual es importante, atendida su cualidad jurídica», incide.

Añade que «pese a las irregularidades denunciadas» por los profesionales «no puede descartarse de plano y 'prima facie', que la decisión empresarial de proveer el sistema para su dotación definitiva sea tan flagrantemente ilegal como para impedir su curso». Recuerda que esta no es una decisión que solo afecte a los demandantes sino también a «los demás aspirantes que luchen por demostrar su mejor cualificación». Finalmente, el juez zanja este incidente procesal: «Será una sentencia firme la que resolverá el problema en un sentido u otro, de modo que aquella fijará definitivamente los derechos de las partes». Concluye el Juzgado de los Social que «si el proceso se anula, será con todas sus consecuencias y si se valida, ocurrirá lo propio». Con esos argumentos, el juez resuelve que no procede adoptar la medida cautelar.

El Comité de Empresa de Canal de Isabel II denunció hace varias semanas «la maniobra de la empresa para despedir a 13 trabajadores de Cáceres». Señalaba que eran compañeros con más de 20 años de servicio, hasta el punto de que algunos llegaron a pasar por Acciona, anterior concesionaria.

«La estrategia de la empresa es sacar a concurso las plazas de 13 trabajadores, aludiendo al carácter temporal de sus contratos en fraude de ley durante muchos años, o alegando la condición de indefinido no fijo», explicaba el presidente del comité, José Antonio Carretero Hidalgo. Según esa versión, se está «poniendo en peligro el pan de 13 familias».

Se trata de plazas laborales ocupadas por esos trabajadores durante las dos últimas décadas. A los responsables de Canal, detalla, «nunca les ha importado que estuvieran en fraude de ley ni han querido regularizarlas». El objetivo final, de acuerdo con la versión del Comité de Empresa, es rebajar costes, «deshacerse de personal válido y acabar con la paz social». Por ello, el asunto ha terminado en los tribunales: «Los trabajadores afectados se han visto obligados a demandar», tanto individualmente como de forma colectiva, al entender que se trata de despidos encubiertos.

De momento, el juez de lo Social, en primera instancia, rechaza la medida cautelar y el proceso selectivo continuará con normalidad. El Ayuntamiento ya ha tenido conocimiento de ello. Además, los trabajadores han pedido su mediación al tratarse de una concesión municipal.