La Fiscalía General del Estado destaca que en Cáceres las víctimas menores ya no van a los juicios
Se están realizando numerosas pruebas preconstituidas, grabando a los menores en vídeos que se presentan como testimonio en las vistas orales
El pasado 7 de septiembre, en el solemne acto de la apertura del año judicial, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó al Gobierno la Memoria de la institución que preside.
La Memoria está compuesta por 1.551 páginas en las que se nombra varias veces a la provincia de Cáceres. Una de ellas es para señalar el logro de que los menores de edad y personas especialmente vulnerables no tengan que ir a declarar físicamente en los juicios en los que se juzga a sus presuntos agresores sexuales, evitándoles situaciones de estrés. Eso es debido a que los tribunales aceptan las pruebas preconstituidas, en las que se muestra en el juicio un vídeo donde el menor es preguntado por especialistas.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado indica que gracias a la estrecha relación que los fiscales cacereños mantienen con los profesionales del Instituto de Medicina Legal, «es algo absolutamente excepcional la presencia de un menor en un acto de juicio oral». De esta manera, durante el año 2021 la psicóloga forense ha llevado a cabo un total de 19 pruebas preconstituidas, y los equipos de familia han realizado 22 pruebas preconstituidas.
Por otra parte, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, ve necesario crear más oficinas de atención a las víctimas en la provincia de Cáceres, además de las de Plasencia y la ciudad de Cáceres. «Se siguen necesitando –señala–, más oficinas de atención a víctimas en lugares como Navalmoral de la Mata o Coria, dado el volumen de población en dichos partidos judiciales. Su inexistencia provoca que necesariamente las víctimas tengan que trasladarse a Plasencia para ser atendidas».
Riesgo en víctimas de agresiones
Es citada la Fiscalía de Cáceres en el apartado de la Violencia de Género, al indicar que los fiscales de Cáceres, así como los de Girona, Baleares y Coruña, advierten que son las propias mujeres que fueron víctimas de agresiones las que no ven el peligro al que se enfrentan. «La propia mujer –indican– muchas veces, no percibe el riesgo a que está expuesta, lo que se traduce en posteriores reanudaciones de convivencia y quebrantamientos de medidas o de penas».
La Fiscalía General del Estado indica que al comienzo del año 2022 en toda España había 2.620 dispositivos para comprobar que se cumplen las prohibiciones de aproximación, que son 400 más que el año anterior.
