Cuatro empresarios serán juzgados en Cáceres, acusados de llevarse 7,7 millones de sus socios
Se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel por realizar operaciones para apropiarse de todo el patrimonio de la empresa
Para el próximo 28 de junio se ha señalado, en la Audiencia Provincial de Cáceres, el inicio del proceso de la vista oral para juzgar ... a cuatro empresarios de Cáceres, que son acusados de cometer varios delitos para apropiarse de 7.706.000 euros de la sociedad de la que formaban parte. Había un quinto empresario implicado que ha fallecido.
Según el escrito de la Fiscalía de Cáceres, que ha sido facilitado al Diario HOY, los acusados eran accionistas de Promociones Almonte 2000 y ejecutaron un plan para apropiarse de todo el patrimonio, invirtiéndolo en Benarraba de Inversiones Sicav (posteriormente Cartera Inmobiliaria Occidental).
Para ello privaron a los otros socios de Promociones Almonte 2000 de sus derechos sociales. Uno de los acusados, en su condición de secretario del Consejo de Administración, emitió el 14 de marzo de 2013 un certificado que reflejaba una composición del capital social distinto al del libro de registro de socios.
Con ese documento, el 10 de junio de 2013 se cesó a Promociones Almonte 2000 como consejera de Benarraba de Inversiones Sicav, sociedad en la que estaba invertido el patrimonio líquido de Promociones Almonte, con lo que definitivamente los otros socios quedaban al margen del control y gestión de Benarraba de Inversiones, designando como consejeros de esta sociedad a dos de los acusados. Benarraba de Inversiones pasó a denominarse Cartera Inmobiliaria Occidental, de cuyo órgano de administración ya formaban parte otros dos acusados, pasando de ser una sociedad de inversión a una anónima.
Fincas con trampa
Según la acusación, estos empresarios se apropiaron del patrimonio líquido de Promociones Almonte, al comprar a través de Cartera Inmobiliaria, por importe muy superior al valor del mercado, bienes vinculados a ellos o a sus familiares. De este modo Cartera Inmobiliaria adquirió por 2.680.000 euros una finca en Badajoz que estaba tasada en 910.140 euros, finca que nunca había generado rendimiento alguno y que estaba gravada con una hipoteca de 1.234.000 euros.
Cartera Inmobiliaria también compró por 2.400.000 euros una finca de Cáceres, valorada en cerca de dos millones que se vendió libre de cargas, cuando estaba arrendada y estaba hipotecada como garantía de un préstamo de 800.000 euros. Cartera Inmobiliaria adquirió además, por 1.200.000 euros, otra finca en Badajoz que estaba carente de valor para la sociedad al no tener aprovechamiento urbanístico.
Tras la actuación de los acusados, tanto Promociones Almonte 2000 como Cartera Inmobiliaria Occidental tuvieron tal tasa de endeudamiento que fueron declaradas en concurso de acreedores.
El fiscal pide para uno de los procesados 7 años de cárcel y pagar una multa de 27.000 euros. Para un segundo acusado solicita 7 años de prisión y pagar 63.000 euros de multa; para un tercero, 2 años y 11 meses de cárcel y una multa de 6.000 euros; y para el cuarto dos años y 5 meses de prisión y 14.100 euros de multa. Sumando a estas penas el devolver 7.706.000 euros.
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