Condenan a dos años y nueve meses al cabecilla de la trama de ciberestafas juzgado en Cáceres

Cerca de una veintena de abogados de Cáceres y de distintos puntos de España atestaron la sala de vistas en donde se firmó en la mayor parte de los casos acuerdos individualizados de conformidad con la Fiscalía para aceptar las penas, lo que ha supuesto una reducción considerable de la petición inicial, que contemplaba penas de entre ocho años y tres meses en total.

La casuística de los delitos era muy variada, con un cabecilla que era el encargado de llevar a cabo las principales operaciones desde su domicilio y otros cinco miembros que formaban parte de la cúpula. Una importante parte de esta organización se situaban en la base, con miembros denominados «muleros», es decir, personas que aportaron su número de cuenta para llevar a cabo las transacciones a cambio de una comisión de entre los 50 y los 400 euros, según cifraban ayer varios de los letrados, muchos del turno de oficio.

Según explicó Ángel Luis Aparicio, el abogado del líder de esta estructura, las penas oscilan entre los dos años y nueve meses de su defendido, dos años y seis meses para el resto de la cúpula y un año de cárcel sin responsabilidad civil para los muleros.

La condena por pertenencia a grupo criminal es solamente para cinco de los acusados, que es los que estaban en un estatus superior. La prisión preventiva a la que han estado sometidos hace que solamente una persona vaya a entrara en prisión.

Absolución

Entre cuatro y cinco de los acusados han sido absueltos y otros tantos ya habían recibido condena en otros juzgados, lo cual suscitó quejas entre los letrados que asistían a estas personas.

Una parte de las personas requeridas por la justicia no comparecieron este miércoles en la Audiencia Provincial de Cáceres. Sus letrados llegaron a un acuerdo y posteriormente tendrán que ratificarlo cuando se localicen o se notifique. En el juicio no se personaron acusaciones particulares. Suelen ser los bancos los que, en determinados casos, devuelven el importe del fraude. numerosas empresas sufrieron los ataques de esta organización que hoy se enfrenta a la justicia. Se trata de compañías ubicadas en distintas provincias como Madrid, Zaragoza, A Coruña o La Rioja, entre otras. Hay distintos sectores: construcción, agricultura o vinos. Entre las entidades atacadas por esta red de ciberdelincuentes está la Cámara de Comercio de Brasil en España, a quien se sustrajo a través del método de la transferencia inmediata un total de 7.000 euros.

La mayor parte de las personas que forman parte de esta red son latinoamericanos, sobre todo los «muleros», jóvenes en su mayor parte. «Las mafias cogen a personas que son insolventes y pueden considerarse de especial vulnerabilidad», aclaró Aparicio.

La instrucción de la causa en este tipo de ciberdelitos ofrece una gran complejidad y cuesta, como en este caso, determinar donde se han producido físicamente los delitos, ya que el espacio es la red. Convocado el juicio a las diez de la mañana en un primer momento se valoraba la opción de suspenderlo debido a que no estaban todos los acusados. Una abogada de oficio lamentaba que se la hubiera asignado el caso con menos de 48 horas de antelación al renunciar el letrado que estaba encargado de la defensa de uno de los acusados.

Aunque los delitos que se juzgaron ayer se llevaron a cabo en distintas provincias la instrucción del caso la llevó a cabo el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Plasencia. El motivo es que se produjo una denuncia en el ámbito de actuación de ese juzgado.

En los tres registros que se llevaron a cabo en los domicilios de varios de los acusados se hallaron numerosos ordenadores, móviles, tarjetas bancarias y numerosa documentación de envíos de transferencias, así como cuadernos y carpetas con material manuscrito.