La Audiencia de Cáceres sienta en el banquillo a 23 acusados en un macrojuicio por ciberestafa

Según detalla el escrito de la Fiscalía, se trata de una organización con distintas capas. El escalón superior de la organización estaba coordinado por un grupo de Telegram. A través de un software malicioso que se utilizaba desde un domicilio particular se ejercía el control de más de medio centenar de cuentas bancarias para dificultar la trazabililidad de las transferencias no consentidas. El juzgado de Primera Instancia número 3 de Plasencia llevó a cabo las diligencias previas del caso.

Uno de los acusados era el responsable no solo del control del flujo del dinero que entraba en las cuentas aportadas por los miembros que se encuentran en un nivel más bajo de la organización, sino además de extraer las cuantías defraudadas de los distintos cajeros empleando para ello las tarjetas bancarias de terceros que estos miembros les facilitaban.

La red contaba con un escalón medio compuesto por cinco personas cuyas funciones consistían en supervisar, operar, transformar en criptomonedas, participar de las cuentas bancarias usadas por la organización y realizar extracciones de grandes sumas de dinero provenientes de cuentas bancarias pertenecientes a otros integrante de la red y de empresas infectadas con software malicioso.

Entre los acusados hay una persona que se encargaba de buscar a otras que facilitaran sus números de cuenta y extrajeran el dinero percibiendo un porcentaje de lo defraudado. Estos forman parte de lo que se considera el nivel inferior de la red. Cada uno de ellos recibió 600 euros a cambio de sus servicios, indica la Fiscalía.

Tal y como puede verse en el escrito de la Fiscalía, numerosas empresas sufrieron los ataques de esta organización que hoy se enfrenta a la justicia. Se trata de compañías ubicadas en distintas provincias como Madrid, Zaragoza, A Coruña o La Rioja, entre otras. Hay distintos sectores: construcción, agricultura o vinos. Entre las entidades atacadas está la Cámara de Comercio de Brasil en España, a quien se sustrajo a través del método de la transferencia inmediata un total de 7.000 euros.

En las 22 operaciones ilícitas por las cuales los acusados van a comparecer hoy ante la justicia, en Cáceres hay también particulares a los que se ha extraído dinero a través de las transferencias no autorizadas.

En los tres registros que se llevaron a cabo en los domicilios de varios de los acusados se hallaron numerosos ordenadores, móviles, tarjetas bancarias y numerosa documentación de envíos de transferencias, así como cuadernos y carpetas con material manuscrito.

Los hechos por los cuales se juzga hoy a los acusados son constitutivos de cuatro delitos diferentes: estafa y estafa leve, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. A las penas de prisión que solicita la Fiscalía hay que añadir además multas de 12 a 24 meses con cuotas diarias de entre 12 y 20 euros.

Según los últimos datos que ha hecho público el Ministerio del Interior, el 23,8 por ciento de los delitos que se han cometido en Extremadura han sido ciberdelitos, lo cual afecta principalmente al patrimonio y a la libertad sexual de las personas. Se trata de delitos para los que las fuerzas de seguridad del Estado cada vez tienen que dedicar más recursos y especialización.