La UCO se lleva de la Diputación de Badajoz siete años de correos electrónicos de Gallardo

Gallardo ya era presidente de la institución cuando se produjo la selección, cuando Azagra firmó el contrato y cuando su plaza original se transformó en la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Además del propio presidente de la institución, la Guardia Civil se llevó las comunicaciones de tres exdiputados. Son Cristina Núñez, que entonces era la responsable de Cultura, y Antonio Garrote. Según la documentación de la UCO que recoge ABC, éste firmó las bases de la convocatoria y el contrato con el hermano de Sánchez.

El tercer exdiputado del listado es Francisco Martos, que en su día fue responsable de Cultura y Deportes y que también firmó el cambio de denominación de la plaza original sin que mediara otro concurso.

Estos tres políticos ya no están en la Diputación. Los agentes de la UCO intentaron que acudieran a la sede de presidencia antes del volcado, pero algunos no pudieron asistir por encontrarse fuera de la ciudad. Cristina Núñez es hoy concejala de Talavera; Martos es alcalde de Castuera, y Garrote es diputado regional. Tampoco estaba en el edificio el presidente de la institución, que tenía en su agenda un acto en Montijo. En cualquier caso, los agentes se incautaron de los correos.

Junto a las comunicaciones de los políticos, la UCO se ha llevado los correos del actual director del área de Cultura, Deportes y Juventud, Manuel Candalija. En 2017 era jefe de servicio de actividades culturales.

También de Elisa Moriano, que propuso la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la institución y que formó parte de la comisión que seleccionó al candidato; el entonces jefe de servicio de gestión de recursos humanos, Félix González, que actuó como secretario de la comisión, y la entonces directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Emilia Parejo.

Además de los correos de todas estas personas que pudieron intervenir en la contratación de David Sánchez, los agentes se han llevado los datos del correo corporativo de David Sánchez.

Según ha podido conocer este diario, las cuentas correspondientes a Cristina Núñez y Elisa Moriano están borradas porque dejaron de trabajar en la institución hace más de cinco años, como marca el protoloco informático de la institución. Los técnicos de la casa tratan de recuperarlas para entregarlas a la UCO.

En esos correos, los agentes buscan datos que corroboren que la plaza se preparó para el músico.

En el informe remitido por la UCO al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad y que cita ABC, se recogen sospechas de que se realizaron «actos preparatorios» para asignarle la plaza al hermano del hoy presidente del Gobierno. En ese momento aún no lo era, aunque ya sí ostentaba la secretaría general del PSOE.

En ese informe, la UCO justificó los motivos por los que entendía necesario acceder a las comunicaciones de todas estas personas. La jueza lo autorizó un día después, el 9, y los agentes entraron en la Diputación el día 10. Esto es, el pasado miércoles.

La Diputación lleva semanas afirmando que entregó toda la documentación requerida por el juzgado respecto al contrato y posterior desempeño de las funciones del músico. «La Diputación está colaborando y se demostrará cuando el expediente esté terminado», añadió el presidente provincial esta misma semana.

Sin embargo, la UCO solicitó a la jueza autorización para incautarse de los correos electrónicos de personas que, en opinión de los investigadores, pueden aportar información a la causa que se analiza, una diligencia que fue autorizada por el juzgado y que desencadenó la actuación del miércoles en la Diputación.

La denuncia parte de Manos Limpias, aunque después se han sumado más acusaciones. La asociación Hazte Oír informó ayer de que el juzgado ha admitido su personación.

La jueza abrió diligencias de investigación por posibles delitos de contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra el director de orquesta, el presidente de la Diputación y un trabajador de la institución.

En su posterior querella, Manos Limpias excluyó a Gallardo y al empleado provincial, y en su lugar pide que sean investigados los superiores jerárquicos del hermano del presidente.

La titular del juzgado, Beatriz Biedma, ha pedido todo lo referente al proceso de selección, las funciones que cumple, horario, salario (55.500 euros según los presupuestos de 2024) y si tiene permiso para trabajar a distancia. La denuncia de Manos Limpias que da origen a esta investigación cuestiona que acuda a su puesto de trabajo, pregunta si paga impuestos en España o Portugal y relaciona su residencia en Elvas con la trama de Víctor de Aldama. También hace referencia al incremento de su patrimonio en los últimos años.