Solo 63 localidades y 74 centros han pedido ayudas para climatizar colegios e institutos

En concreto CC OO revela que Educación les ha informado de que, «de los más de 400 centros públicos de primaria e infantil de nuestra región, a los que iban dirigidas estas subvenciones, sólo hayan sido solicitadas por 63 entidades locales, y abarquen solo a 74 centros educativos«. Además 20 ayuntamientos que había pedido ayudas se han quedado fuera por falta de subsanación de documentación o porque su solicitud de proyecto no se ajustaba a la convocatoria.

En agosto del pasado año la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura lanzó una convocatoria de ayudas a municipios para la eficiencia energética de centros educativos, dotada con 30 millones de euros, que abarca la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Se trata de un proyectos a cargo de los fondos Feder 2021-2027.

En junio se ha notificado la resolución de la convocatoria y según los datos de CC OO se han adjudicado 9,4 millones de euros de los 30 disponibles. Es decir, que 20 millones de euros se quedan sin adjudicar para los centros escolares de la región. A este respecto Educación ya ha anunciado que sacará una nueva convocatoria para tratar de adjudicar estos fondos a los colegios e institutos que se han quedado fuera.

En la reunión Comisiones Obreras pidió «una reflexión de los motivos de la baja participación, para corregirlo de cara a futuras convocatorias y les planteamos algunos posibles como falta de publicidad, que las entidades locales pequeñas no hayan podido hacer frente a la elaboración del proyecto que se exigía por carecer de recursos técnicos propios o que no se haya podido asumir el 20% del coste de la intervención para la mejora de la eficiencia energética de los centros educativos».

Según el sindicato los responsables de Educación afirman que no ha habido falta de publicidad ya que la Consejería envió una carta a los ayuntamientos para informar de las subvenciones. El procedimiento se ha diseñado con tres plazos para que el ayuntamiento no tenga que anticipar fondos. El primer gasto (el del proyecto) ya lo van a tener financiado con el 25%, después les dan el 50%, y al término en 2027 les darán el 25% restante.

Ante esto CC OO y la Freampa piden que se implique directamente las centrales sindicales y a las Ampas, y también se solicite apoyo en los Consejos Escolares de los centros y Consejos Escolares Municipales en caso de existir. Consideran que estas agrupaciones promoverán que se soliciten las subvenciones en sus centros.

Hay obras que se han quedado fuera de las subvenciones por no llegar al gasto mínimo de 30.000 euros, es decir, porque exigían gastos inferiores. A este respecto Educación aseguró en la reunión que estas reformas se acometerán con otro tipo de ayudas.

«En los IES e IESO se intervendrá con una segunda línea que será sufragada por la propia Consejería en dos fases, que suponen cada una unos 7 millones de euros, primero para un total de 58 centros, cuya ejecución ya está en marcha y posteriormente para los restantes 65. Estos fondos se dedicarán a la mejora de la eficiencia energética de los centros y cubrirá la instalación de placas solares y lámparas LED», afirma el sindicato CC OO.

Finalmente, una vez expuestos los datos de las subvenciones y plazos de ejecución, «seguimos insistiendo en que la climatización de los centros que se plantea es una solución a medio-largo plazo, ya que con la poca participación de los Ayuntamientos en la convocatoria, la cobertura de los centros es muy baja. Hay que incentivar la participación y procurar la financiación directa de fondos de la Consejería para las intervenciones más urgentes. Hasta 2027 no se deben justificar las obras de los centros que se acojan a las ayudas, que pueden prolongarse durante más tiempo hasta su finalización», añaden desde Comisiones.

Por último en el encuentro la Freampa y el sindicato reivindicaron que el protocolo actual ante las olas de calor con la reducción de la actividad lectiva «no contenta a nadie, ni a alumnado que pierde su derecho a la educación, ni a familias que les supone un claro problema de conciliación, ni al personal docente que no puede cumplir las programaciones didácticas del curso».