La ley regional de Memoria Histórica prevé otro catálogo de vestigios

«Para la determinación de los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, mediante Orden de la Consejería competente en materia de Memoria Histórica y Democrática, se constituirá un comité técnico que elaborará una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados». Así recoge el anteproyecto de Ley de la Memoria Histórica elaborado por la Junta de Extremadura la creación de otro catálogo de vestigios, aunque de ámbito regional.

De esta forma, la ley extremeña prevé la elaboración de una recopilación distinta al que la Diputación de Badajoz ha realizado y que establece que 70 pueblos de la provincia deben eliminar o cambiar los 250 restos que aún guardan de la Guerra Civil o la dictadura.

El anteproyecto de ley regional dedica un capítulo a los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática. El texto será remitido esta semana al Consejo de Estado y prevén comenzar su tramitación parlamentaria a principios del próximo año. El PSOE necesita el apoyo de Podemos o del PP, como mínimo uno de los dos, para sacar adelante esta norma. Ello obligará a que los partidos se pronuncien en la Asamblea y negocien. La Junta comenzó a trabajar esta norma a principios de legislatura para tener una herramienta propia.

La ley se centra en la reparación a las víctimas del franquismo y regula también el proceso de exhumación. Pero también dedica un capítulo a los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, un aspecto en el que se ha centrado la Diputación de Badajoz y que quiere continuar la institución cacereña. En el anteproyecto de ley se establece que la Junta tomará las medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la represión de la Dictadura. Incluye la retirada de subvenciones o ayudas públicas, como tiene ya previsto hacer la Diputación de Badajoz a los pueblos que no acaten la decisión del comité de expertos y que ya se ha enviado a los ayuntamientos. Esas determinaciones se encuentran ahora en periodo de alegaciones.

La futura norma extremeña considera contraria a la Ley de Memoria Histórica «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la Memoria Histórica Democrática de Extremadura y a la dignidad de sus víctimas».

Además, la norma obligará a quitar estos elementos si se encuentran en edificios de carácter privado o religioso pero con proyección a un espacio o uso público.

En el caso de que los responsables de los bienes no retiren los elementos que se les piden, «la consejería competente en materia de Memoria Histórica y Democrática incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos». La Junta podrá retirar los restos de forma subsidiaria si el plazo dado en la notificación no ha sido atendido. Prevé también dar trámite de audiencia a los afectados.

«Las administraciones públicas de Extremadura procederán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen».

Como se ha indicado antes, el anteproyecto recoge la retirada de subvenciones o ayudas públicas a las administraciones que sean «sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura conforme a lo establecido en esta ley». Desarrollarán un reglamento para ello. Es decir, que prevé crear un reglamento específico para articular la medida que ya ha puesto en marcha la Diputación pacense. Los objetos que se retiren se depositarán en el Instituto de la Memoria Histórica de Extremadura, una vez que se cree.

Existe también un capítulo de sanciones. En él se establece que será una infracción grave «incumplir la orden de retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos, conmemorativos o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

Este tipo de infracciones pueden conllevar una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Las sanciones no pecuniarias consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves.