Justicia recepcionará la obra de los nuevos juzgados de Badajoz, que aún tienen una planta en bruto

La fecha exacta todavía no ha sido comunicada pero la información facilitada aclara en parte de la situación de unas obras que se han prolongado más de lo debido tras la quiebra de la unión temporal de empresas a la que se encargó el proyecto en un primer momento. Esa circunstancia frenó la culminación del edificio obligó a valorar la parte de la obra ejecutada para redactar un nuevo proyecto que permitiese desatascar la situación.

Ahora, el Ministerio de Justicia indica que la obra será recepcionada en las primeras semanas de enero, pero al mismo tiempo confirma que todavía está pendiente la redacción del proyecto que permitirá dar contenido a la futura Oficina Judicial de Badajoz, un servicio de nueva creación que ocupará la primera planta del nuevo palacio de justicia.

La situación de esa parte del edificio es una incógnita, pero HOY pudo comprobar a finales del pasado verano que los espacios en los que todavía no se había actuado ni tan siquiera tenían suelo, por lo que la inversión pendiente de realizar será importante.

Una persona que ha entrado en el edificio durante los últimos días ha explicado que el edificio está concluido en su totalidad salvo la planta primera, una información que coincide con lo transmitido por los responsables del Ministerio de Justicia en los últimos encuentros celebrados para abordar la situación de los juzgados.

Las obras que ahora van a ser recepcionadas fueron adjudicadas en marzo de 2020 a la unión temporal de empresas formada por Ceviam EPC S.L. y Construcción y Obras Públicas Recio S. A., que tenían un plazo de seis meses para rematar el palacio de justicia. Cuando fueron adjudicadas se habló de que todavía estaba pendiente la ejecución de una parte importante del edificio, corrigiéndose en ese momento lo dicho pocos meses antes, cuando se aseguró que apenas faltaba por ejecutar el 5% del proyecto.

Sin embargo, ese porcentaje mínimo estaba muy por debajo de la realidad y finalmente el Ministerio de Justicia admitió que cuando la primera empresa entró en concurso de acreedores solo se habían hecho dos terceras partes del proyecto.

Ese 34% restante fue presupuestado en 3.111.548 euros, en torno a la quinta parte de los 15.128.755 euros en los que se adjudicó inicialmente el proyecto a Unika Proyectos y Obras, la empresa que entró en concurso.

El frenazo en los trabajos tuvo lugar durante el verano de 2018, justo cuando se iba a iniciar la parte final del proyecto. El propio ministro de Justicia había anunciado pocos meses antes que el proyecto iba a un ritmo tan alto que podría haber estado listo a finales de ese año a pesar de que su culminación estaba prevista para abril de 2019.

Pero la entrada en concurso de la empresa paralizó completamente la actuación, que fue sacada de nuevo a concurso y se adjudicó en marzo del año pasado con un plazo de ejecución de seis meses, un período que se amplió tras surgir la pandemia causada por el coronavirus.

La realidad ha demostrado que lo que en principio iban a ser seis meses ha terminado por convertirse en casi dos años, con el inconveniente añadido de que todavía hay una planta pendiente de obra.