Otro juez anula también que la Diputación de Badajoz vincule ayudas a la Memoria Histórica
Se trata del programa que repartía cinco millones de euros entre los grandes municipios, y por el que Gallardo negó un millón a Badajoz
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de la ciudad declara nulo de pleno derecho el decreto que regula las bases de una convocatoria de ayudas de la Diputación de Badajoz vinculadas a la Memoria Histórica.
Se llama Plan Dinamiza Extraordinario Municipios de Gran Población, que repartía cinco millones de euros entre Villanueva, Don Benito, Almendralejo, Mérida y Badajoz. A la capital pacense le fue denegada la ayuda porque el Ayuntamiento desatendió los requerimientos del 'comité de expertos de la Memoria Histórica'. Por ello, el Ayuntamiento acudió a los juzgados, que ahora le dan la razón. Es la segunda vez que un juez falla a favor del Consistorio en menos de un mes.
El Juzgado Número 2 de lo Contencioso-Administrativo también atendió las pretensiones del Ayuntamiento y declaró nulo de pleno derecho el decreto que reguló las bases de la convocatoria del Plan Dinamiza Extraordinario de 2018 en una primera sentencia con fecha de 5 de junio. En ese caso fue Villafranco el que no recibió el dinero.
Ahora, el magistrado Jesús de Lourdes Adame Sanabria asume esa sentencia porque se trata de dos causas idénticas. «En aras de garantizar una uniformidad en los pronunciamientos judiciales que sobre estos asuntos realicen los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Badajoz, hemos de acoger íntegramente el texto de la referida sentencia y sus conclusiones, que resultan perfectamente aplicables a las pretensiones ejercitadas en el presente procedimiento y con las que estamos plenamente conformes».
La nueva sentencia, con fecha del pasado día 25, recoge el texto íntegro de la primera.
En primer lugar, fallan que el comité de expertos que realiza el catálogo de vestigios y determina si un municipio cumple con la Ley de Memoria Histórica carece de competencias para ello. Es un órgano asesor. Sin embargo, el catálogo elaborado para ese comité sirve de base para determinar si un ayuntamiento puede acceder a una subvención.
En segundo lugar, los jueces estiman que la denegación de ayudas a los municipios constituye una sanción y que, para sancionar, es necesario elaborar expedientes administrativos que en estos casos no existen. Por ello apuntan a que se trata de un «incumplimiento flagrante de la Ley general de Subvenciones». Además, recogen que «no existe pronunciamiento que lleve a considerar que el Ayuntamiento de Badajoz incumple la Ley de Memoria Histórica».
Los jueces refutan los argumentos de la Diputación. Aseguran que «la participación voluntaria en una convocatoria de subvenciones no convierte en ajustadas a derecho unas bases que no se atienen a la normativa legal», como es la vinculación de las ayudas al catálogo del comité de expertos.
Tampoco aceptan el argumento provincial de la «discrecionalidad técnica» porque esta tiene unos límites «entre ellos el del respeto a la ley, a los procedimientos legalmente previstos y a la competencia del órgano administrativo, de tal manera que quede garantizado que la discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad o en desviación de poder».
Las sentencias estiman que las bases de las convocatorias no se ajustan a la Ley de Memoria Histórica nacional y exceden la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Reconocen que estas prevén la pérdida del derecho a obtener subvenciones, pero que debían existir resoluciones administrativas firmes que no se han elaborado. Si bien la ley extremeña no estaba en vigor cuando Gallardo aprobó el primer decreto, sí que lo estaba la ley nacional de 2007 y esta «no ampara el proceder de la Diputación de Badajoz».
Seis pleitos
Estas dos sentencias son las primeras de los seis pleitos presentados por el Ayuntamiento de Badajoz contra la política de Gallardo de vincular la Memoria Histórica a las subvenciones. Falta por conocerse la decisión sobre el Plan Dinamiza de 2019. Tres de los seis procedimientos están suspendidos, que son los referidos a la denegación de ayudas a la ciudad o a Villafranco por estos planes.
Gallardo ya ha anunciado que recurrirá la primera sentencia.
Almendralejo cambió una calle por este plan
La Diputación convocó el Plan Dinamiza Extraordinario Municipios de Gran Población por primera vez el año pasado, cuando ya existía la polémica con Badajoz y Almendralejo. Estas eran las dos localidades, junto a Guadiana del Caudillo, que se negaron a aceptar los requerimientos del comité de Memoria Histórica.
El máximo de ayudas a percibir por localidad era de un millón de euros. Se beneficiaron Villanueva de la Serena, gobernada por Gallardo; Mérida, gobernada por el socialista Rodríguez Osuna; Don Benito, por el José Luis Quintana (PSOE también), y Almendralejo, cuyo alcalde era en ese momento José Lobato, del PP.
Fue, precisamente, a raíz de esta ayuda del millón de euros cuando Lobato decidió atender las peticiones y retiró la calle a Arturo Suárez Bárcenas. Una de sus hijas acreditó en HOY que su padre había sacado su oposición de juez con Alfonso XIII, pero se le imputa haber sido juez de incautaciones durante la Guerra Civil. Se dedicó a la Abogacía desde 1941 y le pusieron la calle en 1973 por haber esclarecido un asesinato de 1920. La misma calle se llama ahora Familia Suárez-Bárcenas. Badajoz decidió, en cambio, acudir a los juzgados. Esta es la sentencia.
