La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
El propietario recurrirá a la Justicia al considerar que la demolición que están llevando a cabo para el reordenamiento de la carretera de Sevilla no se corresponde con los planos que le enseñaron, pero los promotores dicen que el acta de ocupación se le notificó en febrero de 2023
Varios agentes y dos vehículos de la Guardia Civil han acudido esta mañana a una de las viviendas que hay en el kilómetro uno de la carretera de Sevilla (N-432). Tras contrastar opiniones con el propietario, que no estaba de acuerdo y considera que el derribo es ilegal porque el proyecto que le enseñaron no se corresponde con el que están ejecutando, las máquinas han entrado con una excavadora en la parcela. Llegaron a las nueve de la mañana y sobre las once han empezado a demoler la entrada, un árbol y parte de la valla de cerramiento hasta donde habían marcado con pintura azul los obreros. Esas marcas quedan a menos de medio metro de donde se levanta el muro de la vivienda, donde esta mañana los inquilinos contemplaban atónitos cómo tiraban abajo el cerramiento de la casa que tienen alquilada. Enseguida han llamado al dueño. Los agentes han acudido por si la tensión iba a más y surgía algún conflicto con este o los inquilinos por si se oponían al derribo, pero solo ha sido necesario la explicación verbal de lo que iba a suceder y no ha habido violencia, ha señalado la Guardia Civil.
El dueño, Carlos Muñoz, ha manifestado a HOY por qué no está de acuerdo con la demolición. «Lo que nos presentan en plano a la hora de la expropiación es una vía de servicio, un acerado y la vivienda quedaba por dentro. Ahora vienen con una ejecución donde la vivienda la encajan dentro de la vía de servicio haciendo una 'U', consiguiendo que la vivienda quede inservible. Y ahora (hoy martes) llegan y entran sin haber comunicado nada al propietario. Nosotros hace tres meses les pedimos al Ministerio que nos dijesen cómo quedaba finalmente, a qué cota de nivel quedaba la carretera y en qué situación quedaba la vivienda. Nadie se ha pronunciado y hoy, sin avisar nada, han empezado a desmontar y demoler el muro con la Guardia Civil. Y si yo me opongo me llevan a mí detenido. No lo entiendo», ha expresado indignado mientras media docena de operarios avanzaban en los trabajos.
Según ha dicho Muñoz, cuando se hicieron públicas las expropiaciones le enseñaron unos planos «donde queda bien la vivienda, fuera de la carretera, pero ahora resulta que queda dentro de la carretera». Muñoz ha indicado que todos los obreros que han estado participando en la demolición van a ser denunciados, de ahí que la Guardia Civil, a petición del propietario, los identificara esta mañana. Además, sostiene que se han presentado sin orden judicial para acceder a su vivienda, solo con un papel del Ministerio de Transportes.
Nueve kilómetros de obra desde 2022
En abril de 2022 se conoció la reordenación de la carretera N-432 a la salida de Badajoz, entre los kilómetros 1,5 y 10,5, que iba a iniciar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el primer proyecto data de 2008, aunque en 2016 tuvieron que actualizarlo porque el primero quedó obsoleto).
La obra costaba en un principio 25,2 millones de euros. El Boletín Oficial del Estado publicó a finales de agosto de 2022 la relación de propietarios afectados por esta obra que afecta a 44 fincas. Sin embargo, ha habido una modificación de proyecto tras un parón que duró más de un año. Esas novedades se conocieron hace menos de un mes, unos cambios que van a suponer un aumento del coste en dos millones sobre el precio de adjudicación, de manera que el importe total se va a 28,3 millones de euros. Algunas de las modificaciones atienden peticiones del Ayuntamiento, como crear un carril bici que una la ciudad con la entrada de la urbanización Campomanes; de los vecinos, como dotar de una tubería de abastecimiento para las urbanizaciones de la zona; y de las necesidades que han aparecido durante la obra, como mejorar el drenaje y el firme. El final de la obra está previsto para mayo de 2026.
Según el dueño de la vivienda demolida esta mañana, situada frente a un vivero, la parcela tiene 800 metros cuadrados y la vivienda 100. Si se observa en el trazado de la obra, la casa de Carlos Muñoz queda en línea con lo que ya se ha expropiado y derribado. «La demolición -dice- es solo parcial pero dejan la casa justo pegado a la carretera, al vial de servicio y lo que están cometiendo es una ilegalidad porque han entrado ilegalmente a una casa a hacer un trabajo que no tienen autorización para hacer».
Expediente de expropiación forzosa
La obra de reordenamiento de la N-432 en su acceso a Badajoz la promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Delegación del Gobierno en Extremadura explicó ayer que la demolición en la propiedad de Carlos Muñoz es legal. Se basa en que con fecha del 28 de abril de 2022 la Dirección General de Carreteras aprobó el Proyecto de Construcción y ordenó a Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura que procediera a la incoación del expediente de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.
Las obras son en el término municipal de Badajoz, siendo finalmente objeto de expropiación 40 fincas, entre ellas la del denunciante Carlos Muñoz.
Según explican desde Delegación del Gobierno, Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura procedió a incoar el expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento de Urgencia. Y seguido el trámite de Ley, con fecha 28 de febrero de 2023, fue abonada a la propiedad la cantidad correspondiente al Depósito Previo e Indemnización por Rápida Ocupación, procediéndose al levantamiento de Acta de Ocupación, debidamente notificada al interesado.
Toda vez que en el desarrollo de las obras en cuestión, el propietario afectado, Carlos Muñoz Canchales, manifestó su oposición verbal a la ocupación material de la finca afectada, todo ello pese al levantamiento del Acta de Ocupación conforme a las previsiones del artículo 52 de Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su reglamento, se requirió la asistencia de la Guardia Civil, siendo notificado el acto de ocupación material acordado tanto al contratista adjudicatario de la obras como a los interesados en el expediente, argumentó ayer la Delegación del Gobierno.