Fragoso pide ser indemnizado por las secuelas que le dejó la campaña de desprestigio en Facebook

La noticia ha sido avanzada este lunes por su letrado, Emilio Cortés, quien ha anunciado que va a intentar acreditar que los comentarios realizados en internet contra este político y una treintena de personas de su entorno a las que se acusaba de supuestos casos de corrupción fueron el detonante de los problemas físicos y la parálisis facial que sufrió el regidor durante la pasada legislatura.

Cortés ha indicado que lo que se dilucidará en el Penal 2 de Badajoz es una campaña de noticias falsas, «lo que ahora se llama 'fake news'», en la que también se cometió un delito de odio e incluso se utilizó documentación falsa. «En nuestro caso vamos a intentar probar que eso le generó secuelas físicas a quien entonces era alcalde de Badajoz y hoy es senador por el Partido Popular».

Emilio Cortés no ha precisado cuál es la cantidad económica que solicita Fragoso, pero sí ha incidido en que «lo importante es que se reconozca que era una organización criminal que buscaba minar a la corporación de una forma ilegal y antijurídica».

«Lo que interesa no es la indemnización que nosotros solicitamos sino que se pruebe que esos hechos fueron una auténtica campaña organizada para que tuviera consecuencias políticas», ha añadido este letrado.

Completamente distinto es el planteamiento de José Miguel Morcillo, el letrado que defiende a Antonio García-Borruel, para quien se piden más de 13 años de prisión. En su caso, cree que la instrucción debe ser considerada nula porque a su representado le fue intervenido el teléfono móvil sin autorización judicial. «A estas alturas todavía no sabemos dónde está su móvil».

El abogado del principal acusado, que es sobrino del entonces concejal por Ciudadanos Luis García-Borruel, entiende que las acusaciones no tienen fundamento. «Lo que debería haber hecho el señor fiscal es investigar la corrupción que se estaba denunciando y no actuar contra quienes estaban denunciando esa corrupción».

En todo caso, Morcillo asegura que Antonio García-Borruel no está detrás de ninguno de los perfiles desde los que se publicaron los comentarios investigados por la Fiscalía. «Y tampoco tiene sentido considerar que se publicó información a la que no se debía haber accedido porque se trata de documentos públicos del Ayuntamiento».

El resto de las defensas también han mantenido la inocencia de sus representados y han insistido en que no tiene sentido considerar delito la crítica política que se realizó desde las redes sociales. «¿Qué diferencia hay entre lo que se publicó entonces y lo que se va a publicar ahora que comienza una campaña electoral? Pertenecer a un grupo de whatsapp en el que se hacen manifestaciones en contra el equipo de Gobierno no puede ser delito nunca», ha dicho Emilio Bueno, el abogado que representa a Joaquina Boceta, una de las procesadas en esta causa.