Un excomercial de Marcesa tendrá que devolver 80.000 euros de una treintena de clientes para evitar la cárcel

Esa es la pena que le ha impuesto a M.T.C. la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque no tendrá que ingresar en la cárcel después de que se haya comprometido a reintegrar al concesionario 25.000 euros antes del próximo 5 de julio y el resto del dinero en mensualidades de 500 euros hasta reponer un total de 80.000 euros.

Este fallo será fijado por la Audiencia tras acordarse una sentencia de conformidad a la que se han adherido la Fiscalía además de Manuel Guerrero, como abogado de la defensa, y María Isabel Bermejo en representación de Marcesa como acusación particular.

De este modo se pone fin a un procedimiento que comenzó cuando este concesionario de vehículos de Badajoz detectó que uno de sus comerciales se había apropiado del dinero que le entregaron los compradores de una treintena de vehículos, un delito que trató de ocultar confeccionando documentos en los que aparecían las supuestas transferencias bancarias recibidas por la empresa.

Explicaba el escrito de acusación que el procesado por estos hechos era un comercial de una empresa mercantil dedicada a la compraventa de coches con una larga trayectoria tanto en la ciudad de Badajoz como en la de Cáceres.

Aprovechando ese trabajo como comercial realizó a lo largo del año 2020 sucesivas ventas de vehículos de segunda mano, la mayoría de ellas entre los meses de junio de diciembre, coincidiendo con la epidemia de covid que durante varios meses obligó a permanecer confinados en los domicilios y que posteriormente limitó los movimientos de personas.

Con este modus operandi el día 12 de enero de 2020 facturó un Dacia Daster por un importe de 3.080 euros a un hombre dedicado a la compraventa de vehículos, pero en lugar de entregar el dinero al concesionario se lo apropió para su uso personal.

Hizo lo mismo el 15 de enero, cuando vendió un vehículo Ford Mondeo de segunda mano por 4.500 euros, una cantidad de la que también dispuso en beneficio propio.

Una semana después vendió un vehículo Renault Scenic por un importe de 21.990 euros, pero en lugar de entregar al concesionario la totalidad de esa suma se quedó con 500 euros, una cantidad que justificó confeccionando un documento en el que aparecía una supuesta transferencia a favor del concesionario que en realidad no se hizo.

Un día después vendió otro coche Renault Scenic por 21.900 euros, pero en esta ocasión se quedó también con la totalidad del importe.

Ese tipo de operaciones fraudulentas se fueron repitiendo en los meses posteriores y se hicieron más frecuentes entre los meses de junio y diciembre de 2020. En total fueron unas 30 operaciones en las que se apoderó de la totalidad o de una parte del dinero pagado por los clientes.

Para intentar ocultar el delito el comercial realizó múltiples documentos en los que imitaba los justificantes que se aportan cuando se realiza una transferencia. En ellos aparecían pagos recibidos por el concesionario que, en realidad, nunca se realizaron. Imitó justificantes de pago de La Caixa, BBVA y Santander Consumer, razón por la que ha sido condenado también por un delito de falsificación de documento mercantil y privado.

En la investigación se descubrió también que cuando algunos clientes entregaron un vehículo como parte del pago del nuevo coche, el comercial les entregó certificados supuestamente firmados por la jefa de ventas del concesionario para justificar la entrada de esos coches en el parque de vehículos propiedad del concesionario.

El Ministerio Público cifró en 116.238,50 euros el montante total defraudado a Marcesa Servicios S.A. y lo acusó inicialmente de un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito continuado de falsificación en documento mercantil y privado, hechos para los que solicitó una pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de 7.400 euros a razón de 20 euros diarios durante 18 meses.

El juicio iba a celebrarse a finales de enero, pero fue aplazado hasta este martes 22 de abril, cuando se ha alcanzado una sentencia de conformidad en la que se considera al excomercial autor de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil y privado. Por el primer hecho se le impone 1 año de cárcel y por el segundo, otros 6 meses de prisión. Igualmente se le obliga a hacer frente a una responsabilidad de 80.000 euros y a abonar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

El letrado de la defensa, Manuel Guerrero, ha solicitado en el mismo acto de juicio que al procesado le sea suspendida la pena de prisión, petición a la que ha respondido de forma positiva el tribunal porque se ha comprometido a devolver los 80.000 euros cumpliendo un calendario aceptado por todas las partes.

El primer pago, de 25.000 euros, tendrá que hacerlo entre el 1 y el 5 de julio de este año. Y a partir de esa fecha deberá pagar mensualmente 500 euros entre los días 1 y 5 de cada mes «con independencia de la evolución de su economía personal».

Le ha advertido el tribunal de que ese beneficio será cancelado y entrará en la cárcel si incumple el pago de dos mensualidades consecutivas o tres alternas. Igualmente se le revocará la suspensión de la pena si vuelve a delinquir en el plazo de cinco años. La sentencia es firme.