La Diputación argumenta que los requisitos sobre la memoria histórica para acceder a las ayudas no son una sanción

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación./HOY
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación. / HOY

EFE

La Diputación de Badajoz ha mostrado su respeto a la sentencia que ha declarado nulo el decreto de esta institución que relacionada la concesión de ayudas a los municipios, a través del Plan Dinamiza Extraordinario 2018, a la ley de la Memoria Histórica, y ha rechazado que los requisitos para percibirlas sean en realidad una «sanción».

Así se ha pronunciado en un comunicado sobre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, a raíz del recurso que interpuso en su día el Ayuntamiento de la capital pacense.

A juicio de la institución provincial, básicamente se anula el decreto por el que se convocan las ayudas porque entiende el Juzgado que «la retirada de subvenciones o, en su caso, el reintegro de las mismas e, incluso, la inadmisión de solicitudes de subvención que prevén las bases de la convocatoria, constituyen en realidad una sanción».

«No podemos compartir dicho argumento porque entendíamos y entendemos que la determinación de los requisitos que deben de tener los beneficiarios para acceder a las convocatorias públicas de subvenciones entran dentro de la discrecionalidad técnica de la administración convocante», ha argumentado en contra de los fundamentos jurídicos.

Por lo tanto, a su juicio, el incumplimiento de dichos requisitos «no puede considerarse, en ningún caso, una sanción impuesta sin procedimiento».

«Si extrapolásemos el criterio de esta sentencia a cualquier convocatoria pública de subvenciones, podríamos llegar a concluir que estaríamos sancionando, sin procedimiento alguno, a todos aquellos colectivos que no reuniesen los requisitos contemplados en las correspondientes convocatorias», ha explicado.

Más allá del contenido de la sentencia, la Diputación de Badajoz ha destacado que la provincia «es un territorio libre de vestigios franquistas, donde la práctica totalidad de los municipios han agradecido, aceptado y eliminado los vestigios identificados por el Comité Provincial de Expertos«.

«Un órgano que, como bien dice la sentencia, es de asesoramiento y ayuda a los municipios», ha apuntado.

Ha recordado que la ley «viene a reparar a las víctimas y a consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar».

En el cumplimiento de este objetivo, «tan largo y tortuoso ha sido el camino como firme la determinación de la institución provincial en reafirmar su compromiso con los valores democráticos», ha subrayado.

De ahí que considere que las actuaciones llevadas a cabo han constituido un instrumento «eficaz» para promover el cumplimiento de la ley.

Por último, la institución provincial ha señalado que esta sentencia no será ni la última, ni la única.

Así, ha desvelado que el Tribunal Supremo ha inadmitido en una providencia de fecha del pasado 30 de mayo el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Santa Amalia contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre este asunto.

El alto tribunal extremeño había fallado a favor de la Diputación de Badajoz.