Crecen un 43% en dos años las familias de Badajoz que piden ayuda para pagar la luz y el gas
La Junta de Extremadura duplica la cantidad que gestiona el Ayuntamiento y hace que el aumento de necesidad no se note en las Cáritas parroquiales
«Efectivamente hay más demanda, se han pagado más ayudas y hay más familias trabajando que no llegan a final de mes con respecto al ... año pasado». Así lo constatan en el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, donde este año han recibido más peticiones de ayuda para pagar facturas de luz, agua y gas.
Si en 2020 atendieron 836 solicitudes por 256.000 euros, en 2021 atendieron 946 por 300.000 euros. En lo que va de 2022 han tramitado 1.198 demandas que suman 664.000 euros.
La duplicación de la cifra que destinan a los Suministros Mínimos Vitales (SUMIVI) se debe a que la Junta de Extremadura ha aportado 400.000 euros más que en años anteriores tras insistentes peticiones desde el Ayuntamiento. Aún quedan 7.000 euros disponibles de ese dinero y los 300.000 euros de fondos propios que destinó el Ayuntamiento.
El número de peticiones se ha incrementado en 252 (26%), pero Servicios Sociales ha gastado más porque ha subido las ayudas que otorgaba. Si antes a una familia le concedían hasta 400 euros para pagar esos consumos, este año han podido conceder hasta 900 euros. Las subvenciones se han calculado en base a consumos anteriores, pero siempre justifican con facturas. Por este motivo, en años anteriores quedó alguna cantidad sin emplear que sirvió para el rifirrafe político entre concejales cuando el PP municipal reclamó más dinero a la administración autonómica. De los 664.000 euros concedidos este año ya se han documentado 504.000 euros y se espera que no haya problemas en la justificación del resto con las próximas facturas.
El aumento de solicitudes y el incremento de ayudas concedidas hace al Instituto Municipal de Servicios Sociales asegurar que hay más necesidad. Por la inflación o por la crisis energética, o por una mezcla de ambas.
«A una familia que gana 1.000 euros y paga 400 euros de alquiler le viene bien algo de alimento»
Las parroquias de San Andrés y al Concepción están unificadas, al igual que la atención de Cáritas. Desde allí, Marisol Cano señala que «no está viniendo mucha gente nueva ni muchas más peticiones. Incluso están bajando algo las peticiones de alimentación».
Sí reconoce que hay familias con algunos de sus miembros trabajando, pero que no llegan a fin de mes. «Lo llevamos notando hace tiempo», dice. Mujeres que trabajan en el servicio doméstico sin contrato o personas con salarios bajos. «A una familia que gana 1.000 euros, paga 400 de alquiler y son cuatro para comer, les viene bien algo de alimento».
Es la misma experiencia que tiene Rosa Infante, de Cáritas en San Roque. «Aunque cobren, muchos se quedan sin nada después de pagar los alquileres. Puede recibir más de 800 euros, pero tiene que pagar 450 de alquiler» y entonces acude a la parroquia.
El párroco de San Andrés, Andrés Fernández, indica que «con 700 euros que cobran muchas familias es imposible que lleguen y hay que apoyarles. Lo notamos desde hace mucho tiempo y siguen entrando familias».
Quienes están de forma irregular en España no pueden acceder a las ayudas porque el primer documento que se exige es el padrón. Para ellos, San Andrés y la Concepción tiene una escuela de inserción laboral, donde les enseñan a leer y escribir.
Sin embargo, en las Cáritas parroquiales no han notado un aumento destacable, como tampoco lo han hecho en el Banco de Alimentos. Desde este último, la gerente, Carmela de Lope, considera que están en «un momento meseta» donde se compensan las bajas con las altas. En su caso, la inflación les perjudica porque el dinero les da para comprar menos. Y eso repercute en la cesta de la compra que entregan. «Si antes dábamos un kilo de arroz, otro de pasta, otro de legumbres y un litro de aceite por persona ahora damos medio», ejemplifica. Porque tienen los mismos recursos con los precios más altos.
Rosa Infante es la coordinadora de Cáritas para San Roque. «La vista general parece ser que está bastante mal, supuestamente hay más gente yendo a Cáritas. Mi visión es que en septiembre pedí la documentación que nos reclama el Banco de Alimentos cada seis meses y 40 familias no han venido a traer la documentación. Y eso es porque tienen resuelta su vida o cobran más que el Iprem (índice de referencia para las ayudas)».
Rosa llegó a San Roque a inicios de 2019 y entonces repartían comida a 170 familias, pero hubo una supervisión de los datos por parte del Banco de Alimentos y se redujo en cien beneficiarios. Ahora lo hacen en una horquilla de entre 75 y 85 y este mes están en 75 familias, a una media de entre tres y cuatro miembros cada una.
El pico de la pandemia
Durante lo peor de la pandemia vieron un pico de solicitudes con muchas familias jóvenes y mujeres con hijos a su cargo. «Después han recuperado su vida y ya no necesitan apoyo».
El perfil que atienden es el de pacenses «con pensiones de invalidez muy bajas o no contributivas. O familias en los que uno de los miembros de la pareja tiene problemas». Si no hay 'colas del hambre' en San Roque, explica Rosa Infante, es porque la parroquia cita a los necesitados para evitar que se encuentren.
Su experiencia es «que no hay gente que no cobre nada». Pero muchas personas cobran es una pensión de 406 euros o hay familias completas que dependen de 460 euros de paro.
En la parroquia de San Fernando y Santa Isabel recibieron tres nuevas familias la pasada semana, un número infrecuente que se añade a las 20 que atienden cada mes. Su experiencia es que hay familias que no encienden la calefacción estos días por miedo a la factura a pesar de tener trabajo y otras que no pueden permitirse un abrigo nuevo.
En San Fernando no están recibiendo una avalancha de familias, pero sí notan que si alguien pierde el trabajo le resulta cada vez más complicado encontrar otro. Y por eso prevén que llegue alguna petición más en las próximas semanas.
«Tras un deshaucio es muy difícil que alguien te alquile su casa»
Las familias desahuciadas tienen muy complicado volver a alquilar si no tienen nómina o ingresos fijos, aunque puedan hacer frente a los pagos de la renta porque Cáritas les ayuda. Esto les obliga a irse a vivir a casa de sus padres, generalmente pisos pequeños, donde «las parejas con niños tienen que hacer magia para caber». «El Ayuntamiento tendría que poner viviendas con precios sociales para que estas personas», piden desde Cáritas de San Roque. «Estamos notando muchos casos, no excesivos, pero sí más de lo normal. Les dicen que se tienen que ir porque van a vender la casa o porque la necesitan para familiares, pero normalmente tienen alguna deuda pendiente».
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