Aqualia paga 727.000 euros para reconstruir un edificio de Pardaleras

Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que existían grietas por una fuga de agua debida a una tubería en mal estado. Ese agua afectó a la cimentación, según explica el abogado defensor de los propietarios, Vicente Sánchez Paré. La empresa concesionaria de las redes de aguas afronta esa cantidad a través de su seguro.

Los propietarios esperan que cubra toda la actuación, explica Rafael Macías, uno de ellos, si no surgen imprevistos durante las obras.

Macías explica que todo el edificio está vacío por dentro, dado que en los últimos días han retirado todos los elementos que aún quedaban en el interior. En los últimos años ha sido objeto de varios robos. El derribo será a mano porque los edificios colindantes están ocupados. La mayor parte del interior será reconstruido, mientras que una parte se mantendrá con refuerzo en su estructura.

El derribo durará dos meses, mientras que la reconstrucción del inmueble se extenderá durante doce. Los vecinos esperan –según explica Rafael Macías– que las obras estén terminadas en quince meses.

Cuando los vecinos puedan volver a sus casas, habrán terminado un conflicto que se remonta a 1997. Ese año aparecieron las primeras grietas y algunos vecinos se marcharon. Sin embargo, no es hasta quince años después cuando fue oficialmente desalojado al detectar daños en los cimientos. Un año después, en 2013 tuvieron que apuntalarlo. Entonces fue declarado en ruinas y todos sus residentes se marcharon.

Los propietarios del edificio dañado ganaron un juicio contra Aqualia, que debe ocuparse de reparar el inmueble. La compañía quiso achacar las filtraciones a la riada, aunque el juzgado lo rechazó. La primera sentencia del proceso legal llegó en 2016. El juzgado de primera instancia número 3 de Badajoz condenó a Aqualia a reparar el edificio. El fallo dio por bueno el informe contratado por los vecinos y rechazó los argumentos de Aqualia. La empresa de aguas alegó que la fuga era mínima y que debía ser reciente, pero el tribunal lo rechazó.

La concesionaria de aguas recurrió entonces la sentencia a la Audiencia Provincial. Esta sala dio su respuesta hace más de un año, en enero de 2017. De nuevo dio la razón a los vecinos. Estos podrán volver dentro de poco a sus viviendas y cerrar, así, un conflicto que se ha alargado durante 22 años.