El exalcalde de Oliva de la Frontera dice que se sienta en el banquillo por «una persecución política»

Estas manifestaciones las ha realizado al terminar la vista que había sido señalada para juzgar las supuestas irregularidades que García Torres cometió cuando subvencionó el recibo del agua que pagan los vecinos, unas ayudas que la Fiscalía considera ilegales porque se financiaron con unos fondos que debían destinarse a la mejora de las redes de saneamiento y depuración de la localidad.

La Fiscalía entiende que tanto él como el entonces arquitecto municipal certificaron unas obras que nunca se realizaron, acusación que ha rechazado el propio alcalde después de que su abogado, Juan María Calero, haya planteado la posibilidad de que la actual alcaldesa socialista presentase unos informes manipulados para conseguir que el ahora procesado se sentase en el banquillo.

Esta cuestión ha sido expuesta en el turno de cuestiones previas del juicio que debía comenzar este martes. En ese momento el abogado que defiende a los dos procesados ha dicho que el expediente que presentó la actual alcaldesa en 2017 cuando amplió la querella no se corresponde con el expediente que el propio ayuntamiento de Oliva de la Frontera les entregó en 2021. «El expediente de 2017 está manipulado, alterado y falseado –ha dicho Juan María Calero–, eso es muy grave y constituye un delito de falsedad documental».

Este letrado argumenta que las facturas, recibos e informes que aparecen en el primer documento no se corresponden con los que figuran en el segundo, que fue aportado por el consistorio olivero a petición de la defensa. «El colmo es que en ese segundo expediente están los documentos que acreditan la realización de esa obra y el pago».

Con este argumento, el abogado de la defensa ha solicitado que la causa se retrotraiga a la fase de instrucción y que se investigue la posible manipulación del expediente de 2017, en cuyo caso quien habría cometido la falsedad documental sería la actual alcaldesa o el responsable de esa alteración documental.

El objetivo de Juan María Calero es garantizar la correcta tutela judicial de sus representados, una solicitud que ha sido atendida por el tribunal suspendiendo el juicio. «Ciertamente la cuestión es compleja y requiere un análisis muy exhaustivo, porque se trata de un asunto nuclear que influiría en una posible nulidad de la causa. Puede discutirse si el momento de realizar esta petición es el de las cuestiones previas, pero en todo caso el juicio se va a suspender para que existan las máximas garantías», ha dicho José Antonio Patrocinio, presidente del tribunal que va a ver esta causa.

Tras conocer esa decisión, el exalcalde ha dicho que este procedimiento responde a la persecución política que sufrió cuando gobernaba Oliva de la Frontera, una localidad de la que fue alcalde por el CIO entre 2011 y 2015. En la siguiente legislatura no concurrió a las elecciones pero en 2019 volvió a presentarse y obtuvo un voto más que la candidatura socialista, si bien un acuerdo entre el PSOE (6 concejales) y el PP (1 concejal), lo llevó a la oposición.

El alcalde asegura que las subvenciones que recibieron los vecinos durante su mandato fueron pagadas con fondos propios del ayuntamiento y garantiza que las dos subvenciones concedidas por Promedio para la mejora de las redes de abastecimiento se destinaron a ese fin.

Su planteamiento es completamente opuesto al de la Fiscalía y la acusación particular, representada por el letrado Héctor Galache. Ahora, será el tribunal de la Audiencia el que determine cuál de los dos expedientes presentados se ajusta a la realidad y quién cometió el delito.