Las plantas se quedan sin medicinas

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al uso sostenible de productos fitosanitarios, lleva ya dos meses de periplo, en los que han sido muy numerosas las voces que exigen un cambio de enfoque. Y no solo en España, sino en países que tradicionalmente tienen un planteamiento agroambiental meridianamente opuesto al español, como son los nórdicos. Porque la realidad es que esta propuesta olvida algo básico para Europa, como es asegurar la rentabilidad de nuestro modelo alimentario, que pasa por dar estabilidad al sector primario, productor de alimentos y garante de la suficiencia y seguridad alimentaria de los ciudadanos. Todo ello sin estudios detallados que midan el impacto de su aplicación, análisis que también ha pedido a la Comisión el propio Consejo Europeo. Este organismo considera que hace falta completar la actual evaluación, en particular, considerando que hay muchas imprecisiones. Un modelo que, entre otras limitaciones, fue elaborado antes de la guerra de Ucrania.

Es imprescindible ajustar esta propuesta a un enfoque científico, a la realidad productiva de Europa y a las singularidades geográficas y climáticas de los territorios. Si no, no es descabellado que derive en una catástrofe económica, ambiental y social, catalizada por un incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de buena parte de nuestra agricultura.

Sin poner en cuestión el loable objetivo de esta norma, que persigue mejorar la sostenibilidad del modelo productivo, la protección de los espacios naturales y la reducción de la huella de carbono y de la huella hídrica, en lo que falla de forma estrepitosa es en los mecanismos para conseguirlo, y en los tiempos previstos para ello.

No podemos olvidar que los productos fitosanitarios son medicinas para las plantas. De igual manera que en el caso de los medicamentos de uso humano, todos los que están autorizados lo han sido tras pasar un largo, estricto y costoso proceso de aprobación que garantiza su sostenibilidad medioambiental y su seguridad, tanto para los aplicadores como para los consumidores. Un proceso, por cierto, que para un solo producto, supone un coste medio de 286 millones de euros y 11 años de investigación y tramitación.

En este contexto se ha propuesto una norma que plantea una reducción del 50% de estos medicamentos antes de 2030, algo muy poco realista, sobre todo porque no está basado en argumentos científicos. ¿Qué pasaría si de repente se decidiera que la mitad de los medicamentos de uso humano deben desaparecer de las farmacias y hospitales, sin haber evaluado el impacto que ello produce en las salud de los ciudadanos?

Pero no solo es la reducción de medicamentos, es que en las zonas clasificadas como sensibles la prohibición de uso es total, tanto de fitosanitarios autorizados para agricultura convencional como para ecológica. Pero lo más grave es que en el caso de España al 40% de la superficie agraria serían zonas sensibles. Es fácil imaginar como dejaría a nuestro sector la aplicación de una medida de este calibre, ya que sin la aplicación de productos que protejan a las plantas de plagas, malas hierbas y enfermedades, o las curen cuando ya han sido atacadas, desaparecería parte de nuestra producción alimentaria. Todo ello sin contar con que zonas de alto valor ambiental desaparecían, como la emblemática Albufera Valenciana. Un ecosistema creado por los agricultores y que se colmata y desaparece cuando el agricultor deja de cultivar.

Y entre tanto, en el paquete legislativo aprobado en el último Consejo de Ministros de 2022 se aprobó también el real decreto 1050/2022 que modifica el Real Decreto 1311/2012, en favor de un uso sostenible de los productos fitosanitarios, con la gestión integrada de plagas como eje de la estrategia y alineado con la realidad de un sector imprescindible.