Pérdidas alimentarias en el agro

A finales de verano ya comentábamos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estaba trabajando en un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Dicho documento ha sido aprobado en Consejo de Ministros, y establece una serie de medidas para los diferentes eslabones de la cadena, desde el productor primario hasta el consumidor final, y que van a ser de obligado cumplimiento. En nuestro país cada ciudadano tira a la basura una media 31 kilos de alimentos al año, estimándose un desperdicio de 1,3 millones de toneladas de alimentos, en cifras de 2020. Se trata de un problema global, como lo constata la FAO, que calcula a nivel mundial que la cifra se sitúa en el 14%, si bien es cierto que es más alto en las economías desarrolladas, por ejemplo, el 20% en la Unión Europea.

Con este proyecto de ley el gobierno coge el toro por los cuernos y lidera la solución, o al menos, la paliación del problema, al considerar que requiere una estrategia nacional, y no diecisiete diferentes planes autonómicos. En todo caso, no va a ser un asunto de fácil resolución, ya que buena parte pasa por la concienciación y acción del último eslabón, el consumidor doméstico, que es el responsable del 40% del total del desperdicio. Este es el gran cuello de botella, dado que el 5,7% de la población española considera que no se trata de un problema relevante, el 4,3% en el caso de Extremadura.

Como bien ha recordado el ministro del ramo, Luis Planas, el producto más caro es el que se tira a la basura. En todo caso, eliminar el desperdicio es un reto inalcanzable, y cuesta calcular cuál va a ser el efecto real en la economía de esta iniciativa legislativa. En todo caso, se trata de un objetivo loable, y al menos se debe intentar reducir al mínimo, fortaleciendo la conciencia y el compromiso de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

El sector primario es el escalón que menos se ha estudiado. En esta fase entrarían tanto los alimentos que se quedan en el campo en la cosecha como las pérdidas post-cosecha, lo que hace especialmente complicado su cuantificación. Recientemente la World Wild Fund for Nature (WWF) ha realizado un análisis sobre la cuestión a nivel mundial, en el que estima que se genera un desperdicio en el sector primario de 1.200 millones de toneladas, tres cuartas partes corresponden a restos vegetales.

Con este nuevo informe se desarma uno de los aspectos que hasta este mismo año se daban como ciertos. La primera, que en los países de mayor nivel de renta, ubicados fundamentalmente en Europa, América del Norte y parte de Asia, era donde más desperdicio se producía en las etapas de consumo de alimentos. La segunda, que en los menos desarrollados se centraban las mayores pérdidas en la etapa de producción. Pues bien, este estudio, junto con el elaborado este mismo año por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), demuestran lo contrario. De hecho, las pérdidas alimentarias por habitante y año en el sector primario ascienden a 200 kilos en Europa y 300 en Estados Unidos y Canadá, mientras que en los países en vías de desarrollo rondan los 125. Esto es debido, entre otros factores, al importante volumen de producción de carne, leche, frutas y hortalizas, entre otros, en los países más desarrollados, siendo estos productos muy perecederos.

En todo caso son datos globales que nos recuerdan que el agro también juega un papel importante en este reto. Al final, es claro que en su mayoría, ni el agricultor ni el ganadero pierden producto por falta de compromiso, sino por cuestiones meteorológicas, sanitarias y de mercado. Las primeras son impredecibles y en gran medida inevitables, las segundas se palian con tecnología, siempre que las administraciones no las limiten por criterios no científicos, y las terceras requieren de medidas de mercado. Al final, dos ellas, se gestionan desde una enfoque político administrativo, lo que debería dar tranquilidad sobre su adecuado control, ¿o no?

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