El glifosato se queda

Este herbicida lleva ya décadas estigmatizado y ha sido puesto en cuestión desde una perspectiva medioambiental y de seguridad para las personas, a pesar de que la evidencia científica dice lo contrario. En este sentido, el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitido el pasado verano, en el que se ha evaluado el impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, no ha detectado áreas de preocupación críticas, si bien ha puesto sobre la mesa aspectos sobre los que no hay suficiente información como poder sacar conclusiones objetivas. Este informe no es baladí, ya que se trata de la máxima autoridad científica en la Unión Europea, que durante más de tres años ha revisado el trabajo de decenas de científicos de la EFSA y de los Estados miembros, plasmado en miles de estudios y artículos publicados en revistas de referencia, así como en las aportaciones obtenidas de la consulta pública. Para este organismo las cuestiones sobre las que no existe información suficiente no impiden su aprobación, aunque sí recomienda que sobre estos aspectos se adopten medidas de mitigación.

Por otro lado, un año antes, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) concluyó que, de acuerdo con los criterios científicos vigentes, a este fitosanitario no se le puede considerar una sustancia carcinógena, mutagénica o tóxica para la reproducción.

En este contexto la Comisión Europea acaba de aprobar una extensión de diez años para su uso, tras la no existencia de una mayoría mínima en ninguna de las etapas administrativas previas, en las que también estuvo sujeta a aprobación. La Comisión en su propuesta ya propone medidas de mitigación, tal como recomienda la EFSA, como la dosis máxima de 1,44 kilogramos por hectárea al año o el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez para evitar la dispersión del producto por el viento, entre otras.

En la actualidad en el gobierno español hay sensibilidades opuestas, como por otra parte es bastante habitual en este gobierno bicefálico. Por un lado el Ministerio de Agricultura, Pesca a Alimentación siempre ha aceptado la posición de las autoridades científicas y ha apoyado su autorización, defendiendo así la posición de los agricultores. Justo lo contrario sucede con los perfiles más ambientalistas, como el de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o la propia Unidas Podemos, contrarias a aceptar los informes de las EFSA. La clave ha estado en Francia, que a pesar de sus acuerdos con potentes grupos ecologista ha visto las orejas al lobo, y la tozuda realidad le ha hecho reorientar su postura, anteriormente a favor de su supresión definitiva. Apoyar ahora su continuidad por una década le habría generado problemas internos; pero si los grupos verdes tiene fuerza, en nuestro país vecino, no es menor la de los agricultores. Su queja generalizada ante el riesgo de verse privado de una herramienta esencial, ha llevado al Gobierno francés a moverse hacia una delicada abstención. Suficiente, junto con las abstención de Alemania, para pasar la patata caliente a la Comisión que finalmente aprobó su propia propuesta. Sin embargo, para el sector ha sido un éxito moderado, ya que aspiraba a que fueran quince; pero menos da una piedra. En diez años todo puede pasar, y la tecnología quizás ofrezca nuevas alternativas.