Fiscalidad nutricional

Desde muchos espacios, también desde esta columna, se vino demandando a lo largo de 2022 la bajada del IVA para los productos alimentarios, como alternativa para frenar la inflación, en vez de poner el foco en apretar, principalmente a un solo eslabón de la cadena, en este caso la distribución. Al adoptar esta medida fiscal, las arcas públicas tenían que renunciar a una parte de los pingües ingresos provenientes de este impuesto que, por otro lado, aumentaba su recaudación debido a la escalada de los precios. Finalmente se aprobó a finales del pasado año, como es natural de forma temporal, lo que en todo caso fue una excelente noticia. Por tanto, sería injusto hacer una crítica global a esta resolución, aunque hay algunos aspectos, uno en concreto, que ha sorprendido al sector y disgustado profundamente a las partes más afectadas, principalmente el de la carne y el pescado. Se trata de la decisión de dejar fuera de esta rebaja fiscal a estos dos alimentos.

Una lástima, porque ha dejado un cierto amargor, un resquemor innecesario, por utilizar una medida de gran valor para hacer política de gobierno, o más bien dentro del gobierno, donde es bien conocida la disparidad de criterio en relación con muchos aspectos agrarios, por ejemplo el del consumo de carne. Sobre esta cuestión la posición de los socios de gobierno del PSOE es meridianamente clara y promueve una reducción de la producción agraria convencional, una disminución de la cabaña ganadera y una reducción masiva en el consumo de carne.

Con lo que quizás no contaba el PSOE es que toda la cadena alimentaria cerrara filas sobre esta cuestión, y que desde los productores hasta la distribución manifestaran su sorpresa por esta discriminación. No olvidemos que carne y pescado forman parte de la dieta mediterránea, que las recomendaciones nutricionales así lo establecen, y que en todo caso el ajustar el consumo a las dosis recomendadas no se consigue con agravios impositivos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que hay otros muchos alimentos cuya ingesta no se adapta a las dosis prescritas en estas recomendaciones y no por ello han quedado fuera de la lista de beneficiados. Al final, queda claro que es una decisión no basada en criterios técnico-científicos, ya que se trata de alimentos tan fundamentales como el resto, sino de criterios medioambientales llevados al extremo por un partido político excesivamente sesgado en esta materia, no tanto en sus objetivos que son loables, sino en la forma de conseguirlos, con escasa base científica.

Mucho más sensato habría sido hacer una reducción parcial del IVA, como en otros alimentos, sin llegar a eliminarlo, y al menos aplicar el popular axioma negociador de ni pa ti ni pa mí. Pero lamentablemente no ha sido así, lo que perjudica a los productores, no beneficia todo lo que debiera a los consumidores y erosiona la confianza en las decisiones políticas.

En todo caso, volviendo al principio, se trata de una decisión positiva en su conjunto, cuya aplicación es necesario controlar, sin que ello suponga poner en duda la profesionalidad y compromiso social de la cadena alimentaria en su conjunto y de la distribución en particular, como último eslabón antes del consumidor. La temporalidad de la medida puede ser una tentación para que algunos intenten aprovechar la ocasión y empezar sus balances de 2023 con buen pie. El ministro Planas ha afirmado que el principal control lo harán los consumidores, que evitarán aquellos puntos de venta que no apliquen las rebajas de forma precisa y transparente. Pero es mucho pedir al consumidor, que ni puede ni debe ser el policía. Algo más a las asociaciones que los representan, que ya se han puesto las pilas sobre esta cuestión, pero también el gobierno, ya que la regulación sin control y sanción suele ser poco eficaz.