La CE aprieta al agricultor

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso y controvertido plan para reducir el uso de fitosanitarios a la mitad a lo largo de lo que queda de década. Un planteamiento que choca con los mensajes de los últimos años en los que aboga por garantizar la suficiencia alimentaria, y una prueba más de que los criterios económicos y los medioambientales no están alineados, a pesar de ser ambos un parte esencial de la terna que conforma la sostenibilidad de Europa, junto con el factor social. Y lo ha hecho a pesar de la oposición frontal de un gran número de Estados miembros que apostaban por posponerlo hasta que se clarificara la situación geopolítica europea, derivada del conflicto ruso-ucraniano. Esta norma reemplazará a la anterior directiva sobre plaguicidas que ha sido considerada poco eficaz por la Comisión, al haber estado sujeta a la transposición realizada por cada gobierno, y ha optado por un Reglamento de aplicación directa a todos los Estados miembros. A pesar de ello, cada país podrá fijar sus propios objetivos nacionales; la cuestión es con qué margen.

En principio la Comisión entiende que esto va a suponer un coste para el agricultor, que se verá muy limitado en la disponibilidad de productos que combatan las plagas, malas hierbas y enfermedades. Por ello plantea compensaciones durante un periodo transitorio de cinco años. Lo malo es que estos recursos provendrán de la propia Política Agraria Común, y lo que se gana por un lado, se pierde por otro. También plantea el potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías biológicas, pero sin hacer una valoración real de cuáles son y cuándo se pueden poner en el mercado. La realidad es que en el momento actual no existen y que se tarda años, incluso décadas, en poder desarrollar estas nuevas herramientas; y eso sin considerar el elevado coste de este I+D. Dado el contexto mundial actual, quizás habría tenido más sentido el promover el desarrollo de estos nuevos productos antes de dejar a los agricultores con una batería fitosanitaria muy reducida.

Otra cuestión de enorme relevancia son las importaciones, ya que la Unión Europea tiene una capacidad limitada de control sobre la entrada productos que han recibido aplicaciones fitosanitarias legalmente autorizadas en otros países, pero prohibidos aquí. Esto genera un muy serio agravio comparativo a nuestros productores, ya que tienen que competir con menos tecnología, tanto en nuestro propio mercado como en el exterior. La Comisión es consciente de ello, y por ello plantea tomar medidas, aunque por el momento no se conocen. También la prohibición de uso de fitosanitarios en las llamadas zonas sensibles supone un alto riesgo para nuestro país.

Se trata de una norma con un fuerte impacto en el agro y en la industria española. El Ministerio confía en poder ajustar la propuesta durante el proceso de tramitación; algo nada sencillo. La realidad es que el Ministerio y los propios sectores implicados han estado trabajando intensamente al amparo de la norma actual para avanzar de forma sostenida en la reducción del uso de fitosanitarios, mediante el desarrollo de la agricultura de precisión, drones, o los numerosos avances en la gestión integrada de plagas (GIP), o la lucha biológica y biotecnológica, que son uno de los primeros escalones de la GIP, después de los medios físicos... Herramientas sin duda de gran valor pero que no se pueden aplicar de forma generalizada y que necesitan de tiempo para consolidarse, algo que por el momento la Comisión no les da.

En todo caso uno de los objetivos prioritarios por los que deberá pelear ahora del Ministerio es conseguir dotar de la mayor flexibilidad posible a los países a la hora de fijar criterios de aplicación que reconozcan sus singularidades. En particular en España, que es lo que nos interesa, ya que tiene una enorme diversidad climática, agronómica y de cultivos, lo que hace necesario tener acceso a una gran variedad de herramientas tecnológicas.