Se agua la doble tarifa

Pero ¿qué es la doble tarifación que demanda el sector? Simplemente el aplicar un coste de potencia para la época de riego y otro para el resto, eliminando la mono tarifa actual, y reduciendo así este gasto fijo en aquellos meses en los que no se hace uso de los equipos de riego.

Lo curioso es que en 2018 ya se reguló este cambio tarifario, a través de la Ley de la Sequía. Un año después la Ley de Acompañamiento Presupuestario hizo lo propio y, en 2021, la Ley de la Cadena Agroalimentaria también lo incluyó en su articulado. Llama por eso la atención la posición del Ministro de Agricultura, ya que esta última ley recae directamente dentro de sus competencias. Pero al final, las leyes hay que desarrollarlas y en este caso el bloqueo ha sido evidente, algo que cuesta entender. Todo paree indicar que el MITECO ha apostado por un enfoque restrictivo del regadío, aunque lo que piden sea más que razonable. En todo caso, limitar el regadío es un enorme error económico, social, e incluso medioambiental, que es difícil de justificar. La capacidad de producir más en menos espacio tiene un valor medioambiental incalculable, de la misma manera que lo tiene la construcción y conservación de las infraestructuras hidráulicas, que permiten el desarrollo de entornos húmedos y de sus ecosistemas, que sin la adecuada gestión del agua, desaparecerían.

Pero no solo es necesario implantar un doble tarifa. La reducción del IVA tampoco es una idea descabellada, tal como ya sucede en otros países de nuestro entorno europeo. En Francia este gravamen es del 5,5%, en Portugal del 6%, en Grecia del 6% y en Italia, del 10%. Una cuenca mediterránea que, salvo España, ha apostado firme por mejorar la fiscalidad de sus regadíos, lo que supone una desventaja competitiva para nuestras producciones. Además, las comunidades de regantes se consideran consumidores finales y, por tanto, no compensan el IVA, siendo un elevado coste directo en su cuenta de resultados.

Un efecto que está impactando negativamente es el abandono de la actividad en los últimos años. Al prorratearse el gasto de mantenimiento de las infraestructuras entre los miembros de cada comunidad de regantes, el abandono que se está produciendo de la actividad implica un aumento de los costes para los que se quedan.

Otro último punto es el desarrollo de las energías renovables en el regadío, algo que también ha generado un cierto problema. Al igual que está pasando en el consumo doméstico, las empresas energéticas tardan mucho tiempo en poner en marcha el sistema de pago de la electricidad generada por los usuarios, y que estos vierten a la red. Es cierto que su precio es mucho más bajo que el de compra, pero no deja de ser una fuente de ingresos que el sector está perdiendo, y que se regala a los proveedores de electricidad. Algo irregular y que no tiene ningún sentido.